Algunos incidentes han estado en las primeras planas de los medios, otros han pasado bajo el radar, casi inadvertidos. Pero lo cierto es que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) tiene a varios agentes bajo la mirilla por haber sospechas  de  actuaciones ilegales durante sus funciones.

Primera Hora hizo un recuento de algunos de estos casos y al indagar sobre el estatus de cada uno, se reveló que el procedimiento interno en el Departamento de Justicia (DJ), agencia a la que está adscrito el NIE, no cuenta con términos fijos para completarse.

Por lo tanto, no hay límites para obtener el resultado de una pesquisa, éstas pueden durar el tiempo que sea.

En algunos casos los agentes continúan cobrando sus sueldos y trabajando como si nada en lo que el DJ determina si violaron o no algún reglamento o alguna ley.

Mientras, el proyecto de ley presentado por el senador popular y ex superintendente de la Policía, Miguel Pereira, para que el NIE pase a la jurisdicción de la Uniformada, permanece estancado ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

El Proyecto del Senado 1343 pasó por varios ajustes y se le integraron múltiples enmiendas  antes de que se aprobara en la Cámara alta.

No obstante, luego pasó a la consideración del cuerpo hermano y desde noviembre de 2015 permanece ante la Comisión de Seguridad Pública y para el Desarrollo de Iniciativas contra el Crimen y la Corrupción, según aparece en el registro del Trámite Legislativo.

Labor en entredicho

Un informe sobre el proyecto apunta que  son pocos los casos investigados por el NIE que acaban en los tribunales: 18 en el 2013, 21 en el 2014 y 9 hasta mayo del 2015. El NIE no proveyó información de en cuántos de ellos hubo un resultado final o  convicción.

El entonces Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista, resaltó que de las seis Divisiones del NIE, cuatro son afines o iguales a las que llevan a cabo cuatro  superintendencias de la Policía.

Por su parte, el superintendente de la Policía, José Caldero  ha dicho que  la integración del NIE a la Uniformada “fortalecería el aparato de seguridad”. Además ha establecido que no existiría conflicto de interés si el NIE pasa a formar parte de la Policía porque, según está redactada la medida, la investigación de casos en que se imputara mal uso o abuso de la autoridad a un miembro de la Policía estatal o municipal, pasaría al Secretario del DJ.

Pereira no comentó sobre si el proyecto se aprobaría antes de que termine la sesión el 25 de junio.

Dos hurtos sospechosos

El 28 de octubre de 2015 las autoridades acudieron a investigar un  hurto al estacionamiento de un restaurante de comida rápida en Caguas. Cuando llegaron se toparon con que tres horas y media antes, desconocidos se llevaron unos $6,000 que le pertenecían a un agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), identificado como Miguel Fonseca, quien los  llevaba escondidos para una transacción como parte de su trabajo.

Aunque una fuente del Departamento de Justicia dijo que el hombre estaba sumamente afectado por el escalamiento y que parecía legítimo el reclamo, varios meses después la portavoz de prensa de la agencia Amber Lee Vélez confirmó que se estaba investigando el caso.

Según confidencias recibidas por este medio, el auto del agente del NIE no presentaba signos de haber sido forzado.

Fonseca continúa en sus funciones mientras se conduce la pesquisa.

Por otro lado, el 29 de abril de este año a las 5:05 de la tarde el agente Eric M. Llanos Llanos, dejó su carro en el estacionamiento de la cancha bajo techo Mister Ayuso, en el barrio Pueblo, en Río Grande. A las 12: 00 de la medianoche se dio cuenta de que le habían llevado el arma de reglamento y dos cargadores.

 “Está pendiente a que salga el informe para recomendaciones al secretario sobre conclusiones de hechos y de derecho. Se informará cuando esté listo”, indicó la funcionaria.

Borracho en el vehículo oficial

Eran las 8:30 de la noche el 1 de junio de este año cuando la Policía detuvo a una persona tras un choque automovilístico en la carretera PR-1 en el barrio Monte Llano, en Cayey, que luego fue identificada como un agente del   Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). 

Según se informó, cuando los uniformados  intervenieron con varios involucrados en el accidente    notan que uno de estos, identificado como el agente  Luis González Meléndez, quien labora para el  NIE, expedía un fuerte olor a alcohol.

A González Meléndez, , de 55 años,  se le realizó la prueba de alcohol en la División de Autopistas de Salinas, y arrojó .28% de alcohol en el organismo, por lo que se le ocupó su arma de reglamento de inmediato.

Al lugar se personaron el director auxiliar de seguridad Carlos Figueroa Santiago y la directora de Integridad Pública del NIE, Miriam López Cotto, a quienes se les entregó el arma de reglamento, 12 municiones calibre .40 y dos cargadores que el agente llevaba consigo.

El vehículo oficial involucrado en este accidente es una Ford Explorer, del año 2007, que pertenece al NIE.

Las autoridades no dieron detalles acerca de las circunstancias del choque, ni si hubo heridos o pérdidas materiales.

El caso fue consultado con la fiscal Loraine Acevedo, quien ordenó citar el caso para el 8 de julio de 2016.

Transacción de armas se salió de control

Una transacción encubierta para comprar armas ilegales y arrestar a los vendedores, culminó con una persona muerta.

De inmediato la avalancha de críticas no se hizo esperar, ya que el operativo ocurrió a plena luz del día en el estacionamiento del centro comercial Pérez Hermanos en Cayey.

Una vez se hace la transacción y le dan el alto a las dos personas que vendieron el arma -un rifle AK-47- hay un intento de fuga. El carro donde iban los sospechosos  chocó  con un carro oficial. Fue entonces que Juan A. Cruz Santiago, de 33 años,  salió corriendo. Uno de los agentes le hizo un disparo en el área del pecho, a pesar de que éste no llevaba nada en sus manos y buscaba salir del lugar. Cerca de 48 horas después murió en el hospital.

Cuestionan actuación de agentes

El informe oficial señalaba que se trató de un caso en defensa propia.

“No sabemos por qué tirarle si estaba huyendo”, cuestionó tras los hechos  el abogado Alex Ramos Díaz en entrevista con Primera Hora.

Dos días después los agentes de la Policía que fueron designados a investigar las circunstancias de la transacción y las acciones de los agentes del NIE no habían ocupado las armas ni algunos de los videos de las cámaras de seguridad de las tiendas aledañas, dijo Ramos Díaz.

Por su parte, Primera Hora supo que el otro involucrado en la transacción, identificado como Jonier Carmona Báez, de 18 años, declaró ante autoridades federales, ya que supuestamente, ni él , ni Cruz Santiago recibieron el dinero pactado con los agentes encubiertos, contrario a lo que indica la versión oficial.   

Al cierre de esta edición se desconocía el estatus de la pesquisa pero los agentes involucrados seguían trabajando.

Pa’ fuera tras usar carro para mudanza

La agente Mangel Gerardino Narváez y Cecilio Sandoval Quintana, supervisor de la División de Coordinación Enlace y Seguridad, fueron expulsados del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) luego de que Primera Hora revelara en exclusiva que usaron carros oficiales en horas laborables para varias gestiones personales, incluyendo una mudanza.

Luego de que ambos agentes agotaran los recursos administrativos, las expulsiones se notificaron oficialmente el jueves pasado.

“Una oficial examinadora externa al Departamento de Justicia determinó que debido a los hechos que se alegaban y la conducta impropia de ambos agentes procedía la destitución”, confirmó Amber Lee Vélez portavoz del Departamento de Justicia.

Ambos agentes están bajo investigación luego de ser captados por una cámara de seguridad mientras sacan de una guagua asignada al NIE, objetos cotidianos de casa como un televisor, un pipote de agua, un tanque de gas, ropa y hasta una muñeca, entre otras cosas.

Estos hechos ocurrieron entre el 7 y el 8 de agosto de 2014.

El Departamento de Justicia había recibido evidencia sobre estos alegados actos en diciembre de 2014. En enero su secretario César Miranda ordenó que se completara una pesquisa interna en 45 días. Sin embargo, cinco meses después el proceso no había culminado según admitió entonces la inspectora general Riosaida Meléndez. 

Aunque la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) había iniciado también una pesquisa, al cierre de esta edición se desconocía si se había completado y si se radicarían o no faltas administrativas.