Una muerte viciosa captada en vídeo por la ciudadanía y un policía con historial de querellas, cometiendo abuso en presencia de otros oficiales que no hacen nada por evitar el crimen, son algunas similitudes en los tristes incidentes que desembocaron en las muertes de George Floyd y Miguel Cáceres, a manos de las autoridades.

Aunque la historia de Floyd se fundamenta en el racismo contra la raza negra, en ambos incidentes, -el de Minneapolis el pasado 25 de mayo, y el de Cáceres ocurrido en el sector Punta Santiago en Humacao, el 11 de agosto de 2007- hubo abuso de poder.

El caso de Cáceres, por el cual un policía cumple cadena perpetua, fue cuesta arriba desde un principio para el Ministerio Público, pues diariamente los fiscales trabajan mano a mano con policías para lograr el esclarecimiento de casos y procesar en los tribunales a los autores de delito.

“Fue un caso durísimo, uno sentía la presión del sistema policiaco. Yo vi otros casos de esta índole que llegaban a juicio y los tribunales los absolvían. Aquí la diferencia fue el video y también fue difícil. Se llegó a cuestionar su veracidad, pero logramos prevalecer”, rememoró el fiscal, Miguel López Birriel, quien en unión a la fiscal Marie Díaz presentaron la prueba que culminó con la convicción del agente de la Unidad de Operaciones Tácticas Javier Pagán Cruz por el asesinato de Cáceres.

No lograron prevalecer, sin embargo, en un juicio por jurado, contra los también policías, Zulma Díaz de León y Carlos Sustache, quienes no hicieron nada por evitar que su entonces compañero Pagán disparara cuatro veces contra Cáceres hasta causarle la muerte, estando ya el ciudadano sometido a la obediencia y rogando por su vida.

En el caso de Sustache y Díaz de León, ambos fueron procesados por la figura del cooperador de un delito, la cual fue eliminada del Código Penal en 2011.

López Birriel recordó que en el proceso los cargos fueron desestimados y que tuvieron que recurrir en alzada a los tribunales.

“Los casos contra policías son bien difíciles y este fue más difícil en términos de litigación”, sostuvo el experimentado fiscal.

“Hubo casi que probar el caso matemáticamente, cuando ese no es el quantum de prueba que exige la jurisprudencia. Un técnico de Ciencias Forenses tuvo que autenticar el video y establecer frame por frame que no fue alterado. Tuvo que certificar que no hubo alteración”, recordó.

En las desgarradoras imágenes que fueron utilizadas como parte de la prueba, se ve el cuerpo de Cáceres –boca abajo– brincar en el pavimento con cada uno de los impactos de bala. El hombre resultó con heridas en el brazo derecho, el antebrazo izquierdo, el costado derecho y el último tiro fue en la nuca. Allí, en una acera, murió desangrado.

En el caso de Floyd, un filme de un videoaficionado muestra el momento en que el afroestadounidense es lanzado al piso por el policía Derek Chauvin, quien mantuvo su rodilla en el cuello de la víctima por más de ocho minutos hasta que muere.

En el proceso civil en contra del agente Pagán salió a relucir que la Policía tenía información de que contra el oficial pesaban siete querellas de mala conducta, una de ellas de su pareja, que en 1999 lo acusó de golpearla y amenazarla con un arma de fuego. El policía acusado de matar a Floyd tenía 18 querellas en su contra.

La fiscal Díaz dijo, por su parte, que ahora con la tecnología más avanzada, en el caso de Floyd hay más de un vídeo, mientras que en el caso de Cáceres el testigo Ricardo Lebrón tomó la secuencia casera de una pequeña cámara Optimum que recién había comprado. “Ahora los teléfonos celulares tienen cámaras que pueden tomar todo”, indicó la fiscal.

Sostuvo que en ambos casos se observa uso excesivo de la fuerza y no había necesidad de utilizar fuerza mortal porque ambos hombres ya estaban puestos bajo control. “A los policías se les entrena para controlar y poner bajo arresto a la persona”, dijo.

“No es fácil para uno como fiscal que su apoyo es la Policía y uno se siente triste de procesar a policías que no cumplieron con su deber y cometieron delito,” pero nosotros cumplimos con nuestro deber”, expresó.

La división de Derechos Civiles que procesó a estos policías fue desmantelada en el 2012.