Armeros y poseedores de licencias de portación de armas apoyaron abrumadoramente hoy durante una vista pública de la Comisión de Seguridad del Senado que se derogue el actual estatuto que rige el derecho a la posesión de armas y que se cree una nueva ley, ya que entienden se les están violando sus derechos constitucionales.

En la vista, se discutió el P. del S. 2466, presentado por el senador Carmelo Ríos, y que busca crear la “Ley Constitucional de Armas de Puerto Rico” y derogar la Ley 404-2000.

Ríos establece en la exposición de motivos que es imperativo atemperar la Ley de Armas en la Isla ante una determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que decretó la posesión y portación de armas, como un derecho protegido bajo la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense.

“Ante esta decisión del más alto tribunal de nuestra nación, es deber de esta asamblea legislativa tomar la acción correspondiente para salvaguardar y proteger los derechos de los ciudadanos americanos en Puerto Rico, estableciendo mediante una nueva ley de armas, que en Puerto Rico es un derecho fundamental y no un privilegio la posesión, portación y uso de armas de fuego para la defensa, deporte y disfrute”, lee la exposición de motivos de la medida. 

Durante la vista hoy, los deponentes coincidieron en que la Ley 404 de 2000 es inconstitucional, ya que limita el derecho de posesión de un arma de fuego a las personas de escasos recursos económicos.

“Aquí la gente pobre no puede tener un arma por el alto costo que esto representa. La 404 no hace accesible el poseer un arma por el alto costo”, manifestó el licenciado Oscar Acarón, representante legal de la Asociación de Armeros.

Según Acarón, el solicitar una licencia de posesión cuesta unos $385. Además, para tener permiso de tiro al blanco, se eleva a $475 y si también se quiere tener la portación de armas, el costo total del proceso es de $1,475.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Roger Iglesias, y el senador popular Alejandro García Padilla fueron los únicos legisladores presentes en la audiencia.

Pero fue García Padilla quien llevó el control de las preguntas hacia los deponentes Víctor González García, representante de la armería AAA Gun Club, y el ingeniero Guillermo M. Lluch, de la Asociación de Cazadores de Puerto Rico.

García Padilla indicó que si la Ley 404 es demasiado rigurosa, el proyecto propuesto es extremadamente laxo.

“El problema es que estamos flexibilizando el proceso a tal grado que la gente que no queremos que tenga un arma de fuego la puede tener”, dijo García Padilla. “No podemos permitir que las licencias salgan de una caja de Craker Jack”, agregó.

El senador popular se refirió a que actualmente toda persona que solicite una licencia de arma de fuego debe ser mayor de 21 años, no puede haber sido convicta por un delito grave y debe presentar tres declaraciones juradas que certifiquen el carácter del solicitante. Una vez entregados todos los documentos, la Policía tiene 120 días para cotejar la información y emitir la licencia.

En el propuesto 2466, se eliminan las declaraciones juradas y se baja el costo de solicitud de $385 a $20. Se propone, además, que sean los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) los que emitan las licencias. Esas oficinas tendrían cinco días para la investigar a los solicitantes y emitir las licencias. 

“Lo único que se flexibiliza es el pago. La justicia que estamos buscando es para el padre de familia que no tiene el dinero, porque el elemento criminal tiene el dinero”, argumentó González García mientras destacaba que tener un arma es un derecho. "Tenemos que tratar de conferir ese derecho”, insistió.

Durante la vista pública, que comenzó con 45 minutos de retraso, también depuso Wanda Torres, la estilista de Caguas que se defendió de un asalto con su pistola Glock, calibre 357 hiriendo a su asaltante en cuatro ocasiones.