El Tribunal de Apelaciones resolvió en contra del convicto exalcalde novoprogresista de Vega Baja, Edgar Santana Rivera, al confirmar la sentencia cuya apelación sometió su abogado Harry Padilla, según un extenso documento divulgado este lunes por ese foro judicial.

"Resolvemos que los errorres señalados no se cometieron y que tanto el jurado, como la honorable Raquel Irlanda Blassini actuaron libre de pasión, prejuicio o parcialidad" al tomar sus determinaciones en el proceso judicial contra Santana Rivera.

El 14 de noviembre de 2011, un jurado de la región judicial de Bayamón compuesto por 12 personas emitió un veredicto de culpabilidad contra Santana Rivera, a quien se le presentaron 18 cargos de soborno en relación al cobro de dinero a empresarios a cambio de garantizarle contratos con el Municipio de Vega Baja.

Por las violaciones al Artículo 262 del Código Penal, Santana Rivera fue sentenciado a 18 años de prisión. Sin embargo, su abogado, Harry Padilla, apeló la determinación ante el Tribunal de Apelaciones y argumentó que el jurado incurrió en ocho errores. Además, el licenciado Padilla alegó que la jueza Irlanda Blassini erró en igual cantidad de ocasiones. Sin embargo, después de examinar las argumentaciones del letrado en defensa de su cliente Santana Rivera, el foro apelativo resolvió validar todas las determinaciones cuestionadas.

"Tras un análisis objetivo y sereno de toda la evidencia desfilada ante el jurado, estamos convencidos de que el Ministerio Público estableció la culpabilidad del apelante más allá de toda duda razonable", precisó el Tribunal de Apelaciones en su sentencia de 80 páginas.

En la decisión, el foro apelativo, señala además, que la Fiscalía "demostró los elementos del delito de soborno en la modalidad de segundo grado, su conexión con el apelante y la intención de éste para cometerlo".

En el juicio que culminó con el encarcelamiento del exalcalde estadista vegabajeño se estableció que "esta caso refleja penosamente el deterioro de valores en el desempeño de la función pública".

El proceso contra Santana Rivera se desarrolló después que el exgobernador Luis Fortuño Burset hizo un referido al Departamento de Justicia tras recibir información directa de uno de los contratistas abordados por el joven líder novoprogresista.

El caso fue investigado por la División de Integridad Pública y de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, así como por la Oficina de la Contralor. Eventualmente el fiscal especial independiente, César López, presentó las acusaciones contra Santana Rivera.

Como parte de las denuncias, en el tribunal se planteó que Santana Rivera llegó a solicitar $250,000 a la empresa AR Waste a cambio de garantizarles un contrato para el recogido de desperdicios sólidos en el municipio. Sin embargo, la prueba contra el exalcalde no se limitó a esa empresa sino que incluyó casos de otros contratistas a los que se les encomendaron la construcción de edificios u otros servicios.

En este caso, el licenciado Harry Padilla solicitó en vano la celebración de nuevo juicio y esbozó, entre otros señalamientos, que se ocultó evidencia exculpatoria y/o impugnatoria. Sin embargo, esos y otros argumentos no fueron acogidos por el panel apelativo integrado por las juezas Emmalind García García, Carmen Gómez Córdova y Aleida Varona Méndez.