Reclamando que el haber hecho pública una querella en la que se le señalaba como víctima de violencia doméstica, fue un acto para atacarla y destruirla públicamente, la senadora de Proyecto Dignidad Joanne Rodríguez Veve le solicitó a la procuradora de las mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, que se revele la identidad de la persona que se querelló anónimamente ante la agencia.

“El anonimato en los procesos de querellas se ofrece para que nadie guarde silencio por miedo a que se tomen represalias. Es decir, el fin del anonimato no es proteger al querellante, sino la protección de las alegadas víctimas”, afirmó la legisladora en una carta entregada a la mano en la recepción de la oficina de la Procuradoría de las Mujeres, y que circuló en las redes sociales.

“Por lo tanto, si la persona querellante es la misma que expone y desprotege públicamente a la alegada víctima, no solo el propósito del anonimato desaparece, sino que además, ese anonimato deja de ser una protección y se convierte en un arma peligrosa. No se puede pedir que se proteja la identidad de quien utiliza la misma querella para atacar y destruir públicamente”, argumentó la Senadora en la carta, en la que catalogó la situación como “un abuso del proceso”.

Según Rodríguez Veve, esto la coloca en una posición de vulnerabilidad, afectando “su vida, su honra y la de sus hijos y familiares”, por lo que insistió, debe revelarse la identidad de la persona que según ella, “bajo el manto del anonimato, ha hecho uso malicioso de un mecanismo que debe ser de protección y no de ataque”.

La situación surge luego que durante varios días corrieran rumores en redes sociales de que la senadora era víctima de violencia doméstica a manos de su pareja, el licenciado Carlos Mercader. Tras días de rumores y especulaciones durante los que, ni Mercader ni Rodríguez Veve se expresaron sobre el asunto, finalmente la semana pasada circuló un documento que recogía información de la querella que fue presentada en la Procuradoría. La propia procuradora confirmó a medios de prensa que aunque el documento circulado no era un documento oficial emitido por la agencia, su contenido coincidía con la querella radicada en su oficina.

La semana pasada, Rodríguez Veve también solicitó a la Policía de Puerto Rico que se investigara la filtración del documento, alegando que tanto el alterar documentos oficiales, como divulgar información confidencial constituyen delitos.