Anthonieska Avilés Cabrera, de 17 años, representada por la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), radicó hoy una moción urgente en el Tribunal Supremo en la que solicita la revocación de la autorización concedida a Jagual Media y a los demás medios de comunicación para la transmisión simultánea de la vista preliminar que enfrentará junto a su progenitora, por presuntamente ser contraria a derecho.

La menor y su madre, Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, enfrentan cargos en concierto y común acuerdo por violación a la Ley de Armas y el asesinato en primer grado de la adolescente de 16 años, Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido a la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de una pelea entre jóvenes que culminó con el asesinato con un objeto punzante contra la menor.

Basándose en el Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales (PECAM), el licenciado José D. Soler Fernández, de la División Legal de SAL, expuso que en el ámbito penal “las únicas vistas que podrán ser legalmente transmitidas, previa su autorización del Tribunal Supremo de Puerto Rico, son exclusivamente los juicios por tribunal de derecho, las lecturas de fallo y las vistas de lectura de sentencia”.

Añade que en este caso la autorización otorgada “por error involuntario u omisión” fue para la transmisión de una vista preliminar.

A su vez, advirtió que la decisión de transmitir solo en las tres instancias mencionadas se debe a que el imputado o acusado está facultado para ejercer su derecho constitucional a que su caso sea presentado ante un jurado imparcial.

“Siendo así, si hipotéticamente los medios pudieran solicitar autorización para transmitir una vista preliminar, se daría la situación anómala de que, si el imputado o acusado posteriormente solicitase ver su juicio por jurado, este se vería prácticamente impedido de poder ejercer su derecho constitucional. Esto anterior, ya que la transmisión de la vista preliminar provocaría indudablemente una publicidad excesiva, a la acontecida en este tipo de casos”, lee un fragmento de la moción.

También se hizo un planteamiento de seguridad, no solo para su representada, que señaló que “ha sufrido serias amenazas contra su integridad personal” sino para los testigos menores de edad y adultos envueltos y/o participantes en estos sucesos.

Concluyó que el propio reglamento de PECAM y la Constitución del Estado Libre Asociado en cuanto a los derechos de los imputados o acusados de delito “impiden la concesión de semejante autorización para esta etapa de los procedimientos”.

La vista preliminar fue reseñalada este lunes, para el 18 de septiembre, ya que los abogados de defensa no estaban preparados por el corto tiempo en el asumieron su representación legal.

La jueza Marielem Padilla Cotto, pautó para el 3 de septiembre a una vista sobre el estado de los procedimientos.

La menor es representada por las licenciadas Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli y su madre contrató al licenciado Jesús R. Ramos Puca.

El 25 de agosto, la jueza impartió instrucciones para que las cámaras en sala no enfoquen ni graben en ningún momento a la adolescente imputada.

Según expresó esta medida está fundamentada en que aun “cuando la señorita Anthonieska Avilés Cabrera está siendo juzgada como adulta a tenor con el artículo 4 de la Ley 88, este mismo articulado dispone que si este tribunal en algún momento, luego de escuchada la prueba hiciera una determinación por un delito menor, el expediente deberá ser remitido al Tribunal de Menores”.

Si esto ocurre la menor tendría unas protecciones de confidencialidad que resultarían ser académicas si el tribunal permite ahora la difusión de su rostro.

De hecho, las partes se reunieron con la jueza para discutir una moción radicada durante la vista anterior por el Ministerio Público, representado por los fiscales Brenda Lee Soto Santiago, Edwin Ortiz Rivera y Lourdes L. Cruz, para solicitar medidas de protección a los testigos para que no estén expuestos en transmisiones de medios de comunicación.

La jueza determinó que durante la transmisión pública del caso las cámaras no pueden enfocar ni grabar en ningún momento del proceso, el rostro de los testigos de cargo que sean civiles y menores de edad

“Solamente se permitirá la difusión de testigos como agentes del orden público y personal investigativo”, estableció.

Sobre las piezas de evidencia el Tribunal realizará un análisis minucioso de todo documento o pieza de evidencia que habrá de presentarse en su momento y podrá ordenar la no difusión de alguna de ellas.

También dijo que habrá porciones de testimonio de naturaleza confidencial o sensitiva, que no se transmitirían.

Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que fue una riña que ocurrió el mismo día de los hechos, mientras que familiares expresaron que ya había desavenencias entre ambas. En la denuncia solo se describe el arma blanca utilizada como de una pulgada de ancho. El Departamento de Justicia ha anunciado que podría radicar nuevos cargos contra las imputadas y a otras personas en un futuro cercano.