La Fiscalía federal reveló que un hombre contra el que se radicaron por violaciones a la Ley de Aguas Limpias por rellenar en la zona de un humedal en la Reserva Estuarina de la Bahía de Jobos, se declaró culpable de los cargos que pesaban en su contra.

Según documentos judiciales, Orlando Rivera-Alejandro rellenó parte de un humedal en el área conocida como Mar Negro, dentro de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos.

Entre enero de 2020 y marzo de 2022, sostienen los documentos, Rivera Alejandro construyó varias estructuras sobre el área rellenada, incluyendo una glorieta y una rampa de concreto para botes. También construyó un muelle y numerosos postes de PVC rellenos de concreto dentro del mar, vertiendo cemento directamente en el mar durante la construcción. Los trabajos se realizaron sin que mediara ninguna autorización o solicitud de autorización para rellenar el área ni para realizar construcciones dentro del mar.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, el acusado aceptó pagar una multa de $50,000, retirar todas las estructuras y realizar modificaciones en la propiedad, así como llevar a cabo la reparación de los daños ambientales y las alteraciones que modificaron el estado natural de la propiedad.

La vista de sentencia contra Rivera Alejandro fue programada para el 1 de septiembre.

La Bahía Estuarina de Jobos fue designada reserva en 1981 conel objetivo de proteger los humedales y estudiar los impactos biológicos y sociales del hábitat estuarino, además de brindar oportunidades recreativas y educativas a las comunidades locales. La reserva alberga al pelícano pardo, el halcón peregrino, la tortuga carey y el manatí antillano, especies en peligro de extinción.

la Ley de Aguas Limpia en 1972 prohíbe el vertido de cualquier contaminante y material de relleno en aguas de los Estados Unidos, salvo que se obtenga un permiso de dicho gobierno.

La Fiscalía federal indicó en un comunicado que este caso forma parte de una investigación en curso sobre la destrucción de humedales en Puerto Rico. Entre los condenados anteriormente se encuentran Luis Enrique Rodríguez Sánchez, sentenciado en junio de 2024; Awildo Jiménez Mercado, Rafael Carballo Díaz y Nathaniel Hernández Claudio, sentenciados en septiembre de 2024; y Pedro Luis Bones Torres, sentenciado en marzo de 2025.