El Tribunal de Apelaciones confirmó recientemente un decisión que evita que el Departamento de Justicia entregue información al portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández, para tener acceso a expedientes de investigaciones archivadas de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC).

La información la dio a conocer el propio Departamento en un comunicado de prensa en el que la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, destacó que su agencia actúa conforme “al ordenamiento jurídico y con el debido respeto a la separación de poderes”.

“Rechazamos de plano la insinuación de que en este Departamento se proteja a funcionario alguno. Es una alegación seria, hecha sin un solo documento que la sostenga. El Departamento de Justicia no tiene nada que ocultar, pero sí tiene el deber legal de proteger la integridad de las investigaciones, así como los derechos y la seguridad de los testigos y las víctimas de delito. Esa responsabilidad debe cumplirse al mismo tiempo que garantizamos el interés público y el acceso a la información conforme a los límites establecidos por nuestro ordenamiento jurídico”, expresó.

Fue el pasado 1 de junio que la delegación popular, encabezada por Hernández, informó de la radicación de la demanda contra Justicia.

El recurso legal fue presentado luego de que, el pasado mes de mayo, se archivara una querella contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

La funcionaria estuvo involucrada en una controversia por la otorgación de un contrato de $60,000 mensuales mientras laboraba en el Departamento de Salud durante el pasado cuatrienio.

Gómez Torres explicó que no es cierta la alegación del legislador sobre la existencia de casos de corrupción archivados sin investigar.

Aclaró que los casos fueron atendidos mediante distintos procesos. Algunos fueron referidos a otras agencias y entidades investigativas; otros se remitieron a distintas fiscalías para evaluar posibles elementos de delito que no están bajo la jurisdicción de DIPAC; unos se encuentran bajo evaluación en el área civil para gestionar el posible cobro de dinero; y otros fueron procesados criminalmente ante los tribunales.

Mientras, reiteró que reconoce la facultad constitucional de investigación de la Asamblea Legislativa y reafirmó su disposición de colaborar y proveer toda aquella información que, conforme a derecho, pueda ser divulgada sin comprometer investigaciones presentes o futuras ni los derechos de las personas involucradas.

“El Departamento de Justicia continuará cumpliendo su responsabilidad con transparencia, prudencia y estricto apego a la ley. Cada determinación que tomamos responde al análisis de los hechos, la evidencia disponible y el derecho aplicable, con el firme compromiso de proteger la integridad de nuestras investigaciones y servir al interés público”, puntualizó la secretaria.