La secretaria interina del Departamento de Justicia (DJ), Inés Del C. Carrau Martínez, rechazó hoy que haya dado la autorización para que archivaran los casos de personas han restituido el dinero del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, en inglés) obtenido mediante algún esquema de fraude, entre ellos contra varios alumnos del colegio San Ignacio de Loyola.

Fuentes de la alta oficialidad del Negociado de la Policía de Puerto Rico revelaron que la División de Delitos Económicos del DJ había notificado su intención de solicitarle a Carrau Martínez, que diera su visto bueno al archivo de los casos contra dos menores y un adulto, estudiantes del colegio privado a pesar de que hace alrededor de dos meses que se encuentran listos para ser radicados ya que cuentan con pruebas como vídeo, y documentos provistos por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y la empresa Evertec.

“Afirmar que esta Secretaria ha autorizado el archivo de las investigaciones por fraude al PUA es incorrecto y no refleja lo informado por mí al ser cuestionada sobre el desarrollo y evolución de las investigaciones en curso. Consistentemente, hemos establecido que los casos por fraude al PUA son rigurosamente investigados por los Fiscales de la División de Delitos Económicos y las Fiscalías de Distrito, tras su esclarecimiento, de así proceder en derecho, instarán ante los foros judiciales las causas correspondientes. Lo anterior, sin sujeción de que el dinero objeto del fraude fuera devuelto a las autoridades”, manifestó la funcionaria en declaraciones escritas, tras solicitarle una reacción al respecto.

Agregó, que según dispuesto en el Artículo 65 del Código Penal, la restitución se considera una circunstancia atenuante, no un eximente de responsabilidad si se prueba que se cometió el delito.

A finales de julio, los casos de los estudiantes fueron referidos por el DTRH luego de que un miembro del núcleo familiar de uno de los menores de la clase graduanda del 2020, devolvió un cheque que había recibido por correo a pesar de que no estaba desempleado ni cualificaba para ese tipo de beneficio.

Durante el mes de septiembre, el secretario del DTRH, Carlos Rivera, reveló que las dimensiones de estos casos eran mayores ya que habían detectado más de mil menores aparecían registrados como solicitantes de forma ilegal del beneficio para el cual no cualifican.