El secretario de Justicia, César Miranda Rodríguez, rechazó esta tarde las críticas hechas por el director del Negociado Federal de Investigaciones en Puerto Rico (FBI, por sus siglas en inglés), Carlos Cases, al sistema de ley orden estatal y a la manera en que a veces se procesan casos de criminales que representan peligro para los ciudadanos.

En declaraciones escritas, Miranda Rodríguez catalogó las expresiones de Cases como “irrespetuosas”.

 “Nuestra responsabilidad no nos la tiene que dictar nadie. Deploro la forma irrespetuosa en que el director del FBI en Puerto Rico, el señor Carlos Cases, se dirigió hoy a nuestro sistema de justicia. Acepto la crítica porque coincido en que hay cosas que hay que corregir de inmediato, pero no acepto el tono difamatorio y ofensivo con el que se refirió al trabajo que realizan miles de policías, fiscales y funcionarios de nuestro sistema”, sentenció.

“Este tipo de expresiones no abona en nada a la excelente relación de cooperación que nuestro Departamento de Justicia mantiene con las autoridades federales”, agregó el titular de Justicia.

Durante una conferencia de prensa en la que se anunció la ampliación en la investigación contra el esquema de licencias de armas de fuego falsas que dio pie a la balacera ocurrida el pasado lunes en Humacao, y en la que falleció el agente estatal Joaquín Correa Ortega, Cases cuestionó que el sistema de justicia estatal haya mantenido a Efraín Rivera Ramos, sospechoso por esos hechos, en la libre comunidad, a pesar de su extenso expediente criminal.

Tras las expresiones del jefe del FBI, Miranda Rodríguez, impartió instrucciones al jefe de los fiscales, José Capó, para que los representantes del Ministerio Público que antepongan la seguridad de la ciudadanía a la hora de evaluar la peligrosidad de los imputados de delitos y permitir que queden libres por recomendación de peritos asignados a los casos.

“No me satisface y rechazo de plano la forma en que se manejó todo el asunto referente a la investigación y procesamiento de los delitos cometidos por Rivera Ramos. Se trata de una persona que fue intervenida en múltiples ocasiones, quedando siempre el libertad, a pesar de contar con datos que de forma categórica constataban la comisión de varios delitos de su parte”, detalló Miranda Rodríguez.

“Lo peor de todo este trámite accidentado ocurre al ocupársele un arma manipulada para que se convirtiera en automática y que, aun así, permitiéramos que este sujeto quedara en libertad. Esto no es aceptable ni tolerable en nuestro sistema de procesamiento criminal”, sentenció.

El Secretario de Justicia señaló que la obligación de corregir dicho proceder es de todos los componentes del sistema de justicia estatal: el Departamento de Justicia, Fiscalía y la Administración de Tribunales.

“El Departamento de Justicia, por vía de sus fiscales, tiene que oponerse a cualquier recomendación, venga de quien venga, de psiquiatras u otros profesionales de salud, cuando se trata de dejar en libertad a algún delincuente, a menos que nuestros propios peritos coincidan con esa recomendación. No es aceptable para mí, que personas que constituyen riesgo y peligrosidad para nuestra sociedad se dejen en libertad y, si ocurre que además la persona está en posesión de armas, dejarla en libertad se torna insostenible. Si se trata de un enfermo, debe recluirse para que reciba el tratamiento necesario”, sostuvo Miranda.

Agregó que además ordenó que el Ministerio Fiscal no se conforme solo con la opinión pericial de la defensa o de Tribunales.

“Es nuestra responsabilidad hacer nuestra propia evaluación de peritaje y oponernos a cualquier recomendación o determinación que entendamos incorrecta. A esos fines, he de conseguir los fondos necesarios para que podamos garantizar dicha evaluación pericial en todos los casos que lo ameriten”, concluyó.