Ponce. Jiovan F. Ortiz Soto, acusado de violar y asesinar a su hija de dos años- April Thais Soto Rivera-, renunció esta mañana a su representación legal, que estuvo en manos del licenciado Emanuel Vázquez Torres.

“No, no, no. No quiero que me represente”, le dijo el imputado al juez, Rubén A. Serrano Santiago, a través de un videollamada que se proyectó en la Sala 402, del Tribunal de Ponce.

Sin embargo, previo a que Ortiz Soto rechazara los servicios de Vázquez Torres, el abogado ya había solicitado dejar de representar al acusado, deseo que presentó ayer al tribunal mediante una moción.

“El señor Ortiz Soto comenzó a menoscabar la relación entre abogado y cliente y se condujo contrario a los consejos (de su defensa). Lesionó la confianza”, indicó Vázquez Torres al catalogar la relación entre ambos como “insalvable”.

Amparándose en cánones éticos y casos previos que citó del Tribunal Supremo, repitió varias veces que, “entre otras actuaciones”, Ortiz Soto no cooperó con la defensa. Dado esto, indicó no poder representarlo. Sin embargo, no especificó claramente cómo fue que Ortiz Soto obvió sus consejos y mostró actitudes de “incumplimiento continuo”.

“Las discrepancias en torno a como conducirse y seguir consejos de abogado obstaculizan nuestra labor”, agregó al describir al acusado como “negligente” y que había manifestado “desconfianza” ante su representación.

Cuando el magistrado le pidió ser más exacto al detallar “qué tan grande es esa falta de cooperación”, Vázquez Torres se limitó a decir que “es el propio señor Ortiz Soto que quiere la renuncia”.

“Principalmente, yo creo que aquí lo más importante es que acaba de solicitarnos la renuncia. Aparte de eso, fuimos claros y precisos de la forma de cómo actuarse”, sostuvo.

“Vamos a estar claros”, subrayó el juez. “El tribunal entiende (que la relación entre abogado cliente) está lacerada. No obstante, una vez se le nombre un abogado, usted tiene que hacer todo lo posible de cooperar. Esto no es que va cambiar cada cinco minutos de abogado”, le advirtió el magistrado a Ortiz Soto, quien, desde el Centro Médico Correccional, en Bayamón, asentía con la cabeza.

A Vázquez Torres, el juez también le advirtió a que, “para la próxima vez”, tuviera más “cuidado con la representación legal que ostenta y tiene que ser un poco más específico y un poco más activo a ver cómo puede modificar su representación legal para que puedan coincidir”.

“Yo hice todo lo (acorde al Canon de Ética) y fui lo más diligente posible” le respondió Vázquez Torres.

Al salir de sala, Vázquez Torres rehusó a hablar con los medios de comunicación.

Ortiz Soto, de 35 años, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, cuatro por incesto, otros cuatro por agresión sexual y violación a la Ley de Armas.

Mientras, la progenitora de la niña, Naiari Quiñones Rivera- quien también se conectó vía videollamada por igualmente estar en el Centro Médico Correccional-, enfrenta dos cargos por maltrato por negligencia y omisión intencional de la Ley 246 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

Por su parte, Quiñones Rivera nunca tuvo representación legal, por lo que el abogado Emanuel Gierbolini, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), se reunirá con ella, así como con Ortiz Soto, el 27 de junio para determinar quién los representará.

Esta reunión le proseguirá una vista de conferencia entre la defensa y el Ministerio Público, día que se pautará fecha para la vista preliminar.

“Ella (Quiñones Rivera) estuvo presente en el Tribunal, de hecho, el Tribunal la retuvo por un tiempo para que un abogado la conferenciara y determinara si corresponde asignarle un abogado oficio o si la va a representar la Sociedad para la Asistencia Legal, pero eso no ocurrió. Entiendo que eso fue el 14 d junio”, relató la fiscal Natalia Zambrana a preguntas de la prensa.

Según la investigación policiaca, Ortiz Soto incurrió en un patrón de agresión sexual contra April desde diciembre de 2022 hasta este mes de junio. El 7 de junio, Ortiz Soto la violó y agredió en diferentes partes de su cuerpo, por lo que la mañana siguiente, April estuvo sangrienta e inconsciente.

Por esto, a eso de las 11:20 a.m., ambos imputados la trasladaron al Centro Diagnóstico y Tratamiento de Guayanilla. Allí, alegaron que April se cayó de su cama y, por eso, estaba golpeada. Con el fin de revivirla, fue referida al Centro Médico San Lucas, en Ponce, donde falleció.

Pese a lo que aducía la pareja, los investigadores determinaron que las laceraciones y el trauma que sufrió la niña, que finalmente produjo su muerte, no era consciente con la historia que ambos estaban contando. Luego, Ortiz Soto confesó que había abusado sexualmente de la niña por varios meses.

Ortiz Soto, desempleado aunque es mecánico de profesión, tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas en el 2008 y 2009.

A diferencia, Quiñones Rivera no tiene expediente criminal ni antecedentes por maltrato de menores en el Departamento de la Familia.

El Departamento de la Familia asumió la custodia de la hermana de April, quien tiene tres años, e investiga si fue sometida a algún patrón de maltrato.

El crimen indignó a todo Puerto Rico, sobre todo a los guayanillenses. Llorando su partida, vecinos del residencial Bahía, donde vivió la menor, y otros guayanillenses la honraron con un sepelio el 13 de junio.

Precisamente, sus vecinos se manifestaron y reclamaron la remoción de la madre de Quiñones Rivera, Helen Rivera Borrero- quien estuvo hoy presente en sala-, tanto de su vivienda, como de la presidencia del Comité de Residentes, pues alegaron que tenía conocimiento del patrón de abuso sexual contra la niña.

“Nada, ‘goodbye’, buenas tardes. Respeten mi dolor y ya. Por favor”, le respondió a la prensa al salir del Tribunal.

Se desconoce el porqué tanto Ortiz Soto como Quiñones Rivera no pudieron acudir presencialmente y estaban en el Centro Médico Correccional.

Fiscales dicen estar “listos y preparados”

El Ministerio Público, representado por Zambrana y la fiscal Natasha Muñoz, presentó en sala a tres testigos: los agentes de la División de Homicidios de Ponce, Francisco Meléndez y Karen Rivera, y José Luis López, del Departamento de la Familia. De llevarse a cabo la vista preliminar hoy, hubieran testificado.

“El Ministerio Público hoy estaba preparado y estamos preparados. Tenemos unos médicos que se mantuvieron ‘on call’, tanto del CDT de Guayanilla, como del pueblo de Guayanilla”, aseguró Zambrana al afirmar a Primera Hora que, “en este momento”, la investigación siempre se mantiene abierta”, por lo que podrían radicarse más cargos contra ambos acusados.