El juez Rafael Villafañe Rivera, del Tribunal de Bayamón, pautó para el 17 de mayo una vista sobre el estado de los procedimientos antes de fijar la fecha para el inicio del juicio contra el exalcalde de Corozal Sergio Torres Torres, acusado por presuntamente violar el Artículo 171 del Código Penal al intervenir y grabar comunicaciones telefónicas privadas en el ayuntamiento mientras ocupaba el cargo electivo.

El licenciado Mark Anthony Bimbela, representante legal de Torres Torres, informó que durante el día de hoy se llevó a cabo la lectura de acusación, no obstante, el inicio del juicio quedó pendiente mientras él radica una moción de desestimación de los cargos “significativa” ya que ha advertido que la determinación de causa no fue conforme a derecho ni se dieron los elementos constitutivos de delito imputado.

Además, dijo que va a presentar un descubrimiento de prueba que calificó como “robusto”, ya que su cliente está dispuesto a agotar todos los recursos hasta llegar al Tribunal Supremo para demostrar que no es culpable como se va a alegar.

“Es absurdo que el estado en vez de estar detrás de los corruptos y criminales ande detrás de un hombre que entró pobre y salió pobre de la alcaldía, acusado por cumplir directrices de la Asamblea Municipal”, exclamó el licenciado Bimbela.

La investigación preliminar en contra de Torres se originó con una carta de la Oficina del Contralor de Puerto Rico al Departamento de Justicia donde se expuso que, mientras se realizaba una intervención en ese municipio, los auditores advinieron en conocimiento de que se grababan las llamadas telefónicas que se generaban y se recibían en las instalaciones municipales.

De acuerdo con la investigación a cargo de los fiscales especiales independientes Miguel Colón Ortiz y Zulma Fuster Troche, trataron de establecer que el exalcalde no se limitó a crear y mantener un registro de llamadas a través de los teléfonos del municipio, sino que incumplió con las exigencias de la renuncia de los derechos constitucionales. Es decir, que las personas objeto de dichas grabaciones no renunciaron a su derecho a la intimidad.