Las autoridades federales no tienen una precisión sobre si existe un problema en Puerto Rico con ciudadanos estadounidenses que se presten para contraer matrimonio con una persona de estatus migratorio no definido con tal de lograr legalizar su estancia en un territorio de los Estados Unidos.

En respuestas oficiales ofrecidas por escrito por ​la supervisora investigadora criminal de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en San Juan, la agente especial Lillian Agudelo, no hubo contestación sobre cuántas personas han sido procesadas por prestarse a estos matrimonios falsos o si la situación se ha tornado en un problema.

“No tenemos esa información”, se respondió ante tales interrogantes.

Primera Hora indagó sobre el tema de los matrimonios fatulos, luego de que una boricua de 24 años, identificada como Keily Maisonet Ortiz, fuese detenida recientemente por, supuestamente, contraer matrimonio el 13 de marzo de 2024 con un residente de Uzbekistán, Shokir Kurbonovich Khalilov, para que el hombre obtuviera su residencia estadounidense.

El incidente sale a relucir en medio de una fuerte campaña contra los inmigrantes que lleva la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

La agente especial reveló que por este tipo de bodas falsas el residente estadounidense suele cobrar entre $3,000 a $6,000 en Puerto Rico.

Pero, en abril pasado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Fiscalía federal del estado de Maryland, participaron de un operativo denominado “Novias Baratas” en la que la organización cobraba entre $20,000 a $40,000 por facilitar estos matrimonios fraudulentos.

Pagar para contraer matrimonio con tal de legalizar el estatus migratorio es un delito.

La funcionaria detalló que “los matrimonios fraudulentos son aquellos que se usan como vía para evadir las leyes migratorias en Estados Unidos, constituyen un delito federal severamente castigado por la ley”.

“El crimen de fraude matrimonial es todo excepto un asunto insignificante, ya que siempre involucra víctimas y tiene un amplio alcance. Involucrarse en este tipo de fraude e intercambiar la seguridad de los Estados Unidos de América por ganancias financieras constituye un delito grave con serias consecuencias y penas criminales”, añade un opúsculo realizado por el HSI.

Cuando un inmigrante se casa con un ciudadano estadounidense, por amor o por interés, puede obtener los siguientes beneficios: residencia legal permanente conducente a ser elegible para la naturalización americana o permiso para trabajar legalmente en los Estados Unidos.

Datos obtenidos a través de la página cibernética de la USCIS establecen que solicitar una tarjeta de residente permanente por matrimonio puede tardar entre nueve y 38 meses en obtener una respuesta.

Las tarifas para realizar este trámite pueden costar entre $1,400 y $1,960, dependiendo si reside fuera o dentro de la nación. Pero, se hace la salvedad que estas tarifas cubren las solicitudes iniciales, pero no incluyen los exámenes médicos, que suelen costar entre $200 a $500 adicionales.

Se les cuestionó a Agudelo cómo se puede detectar un matrimonio falso de uno verdadero. Refirió la explicación a un documento oficial del HSI que establece que “en 2006, el HSI creó los Grupos Especiales de Trabajo en Contra del Fraude de Documentos y Beneficios (DBFTF, por sus siglas en inglés) para combatir el fraude matrimonial y otros crímenes similares. Liderado por HSI, los DBFTF se basan en asociaciones existentes con otras agencias estatales y federales del orden público las cuales tienen experiencia con casos de fraude de beneficios y documentos. Dichos grupos de trabajo también forman alianzas con fiscales generales para adoptar un enfoque comprensivo en la lucha contra las organizaciones criminales y beneficiarios que se esconden detrás de estos esquemas fraudulentos”.

No obstante, es principalmente la agencia USCIS a la que debe acudir el matrimonio a hacer las solicitudes de residencia, la que identifica casos de fraude y los refiere al HSI o recibe confidencias para que sean investigadas.

Los tipos de fraudes matrimoniales

En total, hay tres tipos de fraudes matrimoniales.

• Uno es cuando un ciudadano estadounidense recibe una paga para casarse con un inmigrante a cambio de facilitar la obtención de la residencia
• Cuando el trámite se realiza por correo postal
• Ocurre cuando una persona con estatus migratorio no definido engaña a un ciudadano estadounidense con un falso amor para obtener los beneficios.

Consecuencias

Más allá de estar involucrados en una actividad fraudulenta, el HSI alertó de las consecuencias perjudiciales que puede tener para un ciudadano estadounidense por haberse casado con una persona de estatus migratorio no definido.

La alerta incluye que “el cónyuge extranjero puede obtener acceso a información personal sensitiva incluyendo, entre otras cosas, cuentas de banco, cajas fuertes, cuentas de retiro e inversiones, información de identidad personal y reliquias familiares. Terroristas y otros criminales pueden usar el fraude matrimonial como vehículo para entrar a los Estados Unidos y, a menudo, esto se debe a la disposición de ciudadanos estadounidenses a participar en esquemas de fraude matrimonial. Dichos criminales pueden esconder sus identidades, obtener empleo ilegalmente, acceder edificios gubernamentales y abrir cuentas de bancos y empresas para cometer más crímenes. Los participantes del fraude matrimonial pueden, consciente o inconscientemente, estar ayudando a terroristas, inteligencia extranjera u otras organizaciones criminales y se les responsabilizará”.

Por tan solo prestarse para un matrimonio fatulo, un ciudadano estadounidense y su pareja falsa pueden enfrentar una sentencia de hasta cinco años en prisión y una multa de hasta $250,000, de ser hallados culpables durante un proceso criminal.

“Aquellos acusados por fraude matrimonial también pueden ser acusados por fraude de visa, por albergar a un extranjero, por conspiración y por dar falso testimonio. Cada cargo conlleva una sentencia adicional en prisión y sanciones económicas”, establece la información provista por el HSI.