El presidente del Sindicato de Policías Puertorriqueños, Ismael Rivera, reveló hoy que la firma Inteligencia Económica Inc. fundada por el economista Gustavo Vélez, que fue contratada por el gremio, encontró escollos para lograr la viabilidad de la Ley 42-2024, que establece una aportación de hasta un máximo de un 50% de su retribución promedio del policía al momento de su retiro, mediante una enmienda a la Ley de Máquinas de Juegos de Azar.

No obstante, la firma comprobó que su implementación desde el punto de vista económico se puede implementar siempre y cuando se cambie el lenguaje respecto al sistema de pensiones definidas por otro término en el que estén de acuerdo el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal.

“Lo que queríamos con este análisis que realizó la firma es tener certeza de que en términos económicos esto era viable, que los recaudos que se proyectan eran suficientes para poder cumplir con los beneficios que otorga la ley. En términos económicos ya fue comprobado a través de este análisis que sí se pueden implementar y otorgar esos beneficios que están allí a los policías”, explicó Rivera.

Desde el punto de vista legal, admitió que podrían confrontar algunas dificultades debido a que existe un Plan de Ajuste de la Deuda certificado que dice que no se puede regresar bajo ningún concepto a los sistemas de pensiones definidas y ningún otro, porque desaparecieron.

“Hay unas preocupaciones con el lenguaje del proyecto porque habla de otorgar hasta un 50% del salario del policía al momento de retirarse. Ese lenguaje habla de pensiones, por lo tanto, eso no puede ocurrir, eso va a ser un obstáculo para la Junta (de Supervisión Fiscal), y la Junta ha hecho la observación. En términos legales van a haber unas diferencias entre lo que dice el texto de la ley y lo que dice Ley Promesa (Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico) y lo que dice el Plan de Ajuste”, detalló Rivera.

El sindicato y la compañía esperan coordinar una reunión con el gobernador Pedro R. Pierluisi, para hacerle una presentación del estudio realizado para que tengan las bases reales de la ley y que se busquen las alternativas necesarias para poder enmendarla.

El análisis contó con información relacionada con las pensiones que fue provista por el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Sistema de Retiro y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Aclaró que la firma de la ley es un paso positivo, pero el problema que confrontan no está resuelto y requiere cambios.

Cuando se estaba discutiendo el Proyecto de la Cámara 1593 la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) hizo unas observaciones y por eso se hicieron unas enmiendas que al final del camino no fueron absolutamente certeras, observó Rivera.

Durante el transcurso del estudio, dijo que la firma dialogó con la JSF y manifestaron que no se opone a mejorar a través de esta ley las condiciones de un policía en el momento de su retiro, pero no está completamente de acuerdo con el texto de la ley.

“Pensión no se llamará, pero sí serán beneficios. La firma está clara que se pueden dar los beneficios equivalentes a lo que sería el 50%, pero sin llamarle pensión. Ahora, cómo se va a llamar a esos beneficios equivalentes a... eso es lo que entendemos que va a estar trabajando la Junta y el gobierno. Tenemos un montón de acreedores que si llegan a enterarse que aquí se están mejorando pensiones y se están dando porcientos de pensiones definidas esto va a caer en los tribunales”, puntualizó.

Sobre el fragmento que habla de “hasta un 50%” del salario devengado al momento de su retiro, recordó que esa fue una de las enmiendas de la JSF, por lo que es necesario evaluar cuáles serán los requisitos o criterios para aplicar el beneficio en porcentajes diferentes y no a través de una fórmula fija. Según la ley firmada el 7 de febrero por el gobernador, los miembros elegibles que estén retirados al próximo 30 de abril, que se hayan retirado del NPPR en o antes del año fiscal en curso, cumplido 55 años de edad y 30 de servicio, se podrán acoger a este beneficio.

La cantidad total a ser distribuida equivaldrá al 80% del balance del Fideicomiso para el Retiro de los Policías al 30 de abril de cada año fiscal, fecha en la cual deberá tener al menos $7 millones. Los recaudos del Gobierno no se verán afectados y se autoriza a usar cualquier sobrante en el pago de licencias, horas extras y liquidaciones al momento del retiro de un miembro elegible o para contribuciones discrecionales al amparo de leyes vigentes.

La legislación aumenta de $250 a $400 los derechos anuales por cada licencia o renovación de máquinas de juegos de azar. Además, aumenta de 10 a 15 el límite máximo de máquinas de juegos de azar que podrán instalarse y operar en un negocio e incrementa de $2,500 a $5,000 el límite máximo de un premio por jugada que puede otorgar cada máquina. Asimismo, destina un 40% de la recaudación y distribución de los ingresos de las máquinas de juegos de azar al apoyo a programas en municipios con necesidad de servicios de salud y médico-hospitalarios, según un comunicado de prensa de La Fortaleza, al momento de la firma de la ley.