Soniel Torres Suárez, quien era la mano derecha del expulsado representante Ramón Rodríguez Ruiz logró un acuerdo hoy con la Oficina del Panel de Ex Jueces del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), mediante el cual sería sentenciada a una probatoria de siete años y no tendrá que declarar contra el ex legislador novoprogresista.

“Estoy muy tranquila”, se limitó a decir Torres Suárez a Primera Hora luego que se declaró culpable, antes de ir a juicio, de una decena de cargos de corrupción pública. Algunos de los cargos le fueron reclasificados para que pueda ser elegible para una sentencia suspendida.

El caso de corrupción en la oficina legislativa de Rodríguez Ruiz, quien era representante por el distrito 27 (Santa Isabel, Coamo, Aibonito y Salinas) se destapó luego que el novato legislador de la Palma protagonizó un incidente de violencia de género contra su entonces ayudante, Torres Suárez, del cual ésta luego se retractó.

Mediante el acuerdo, formalizado hoy, la acusada, que vestía un traje negro, tuvo que restituir unos $5,625, suma que fue entregada en corte abierta al administrador de la Cámara, Moisés Cortés mediante un cheque de gerente.

Torres Suárez hizo alegación de culpabilidad para una sentencia recomendada de siete años sujeta a lo que revele el informe presentencia, que será sometido posteriormente a la jueza Gisela Alfonso del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan. La vista de sentencia quedó señalada para el 25 de marzo próximo.

El FEI, Manuel Núñez Corrada, a cargo del caso junto con la fiscal Cándida Selles, dijo que la alegación de culpabilidad de Torres Suárez fortalece el caso contra el ex representante Rodríguez Ruiz, quien está pendiente de juicio. “Ella era la ayudante de Ramón Rodríguez, era su mano derecha”, sostuvo Núñez Corrada. El fiscal reconoció que el acuerdo no contempla que ella declare contra su otrora jefe, pero dijo podrían llamarla como testigo.

Sin embargo, el abogado de la acusada, Mario Moczó sostuvo que el acuerdo no incluye ningún tipo de colaboración. “De ninguna manera ella va a colaborar con ningún proceso posterior ni contra el representante”, indicó Moczó y agregó que de ser llamada a declarar por la fiscalía su clienta “no declararía, ellos están claros en cuanto a eso”.

Torres Suárez encaraba cargos de perjurio, fraude, engaño a testigos, falsedad ideológica y malversación de fondos públicos. Éstos no conllevan el beneficio de probatoria y se castigan con una pena de ocho años de cárcel.

Desde marzo de 2019, la defensa de Torres Suárez había comenzado a hacer acercamientos al Ministerio Público en busca de un acuerdo que evitara que la ex empleada del Capitolio tuviera que cumplir una sentencia de cárcel.

“¿Está satisfecha la Cámara con este acuerdo?, se le preguntó al Administrador del cuerpo legislativo. “Tienen que hablar con los fiscales”, sostuvo Moisés Cortés.

Como parte de la prueba que tenía el FEI contra Torres Suárez figuraban cheques de los que cobró el alegado empleado fantasma que figuraba en la nómina de la oficina de Rodríguez Ruiz, así como, facturas que se prepararon con información falsa”.

Se alegaba que el empleado, Gabriel Rivera González, quien obtuvo inmunidad del Departamento de Justicia, facturaba 40 horas semanas a la oficina de Rodríguez Ruiz, mientras trabajaba a tiempo completo en un colegio en Guayama.

En los cargos de perjurio que le fueron radicados a Torres Suárez, el FEI alegaba que la acusada mintió a la Comisión de Ética de la Cámara cuando era interrogada sobre el incidente de violencia de género en el que supuestamente Rodríguez Ruiz la agredió en el rostro.

El exlegislador Rodríguez Ruiz fue expulsado el 15 de febrero del 2018 de la Cámara de Representantes bajo el alegato de que golpeó en el rostro Torres Suárez el 10 de noviembre de 2017 en el barrio Paso Seco, en Santa Isabel. Aunque este asunto fue investigado por Justicia y el FEI, no se radicaron cargos relacionados al alegado incidente.

Ahora enfrentará un juicio por jurado bajo cargos de fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales.