Nueve armas ilegales, más de 40 cargadores y sobre mil municiones, fueron incautadas en la tarde de ayer, martes, en un allanamiento diligenciado por personal de la División de Drogas del área de Guayama, en una residencia del barrio Borinquen en Salinas.

Las armas serán analizadas en el laboratorio del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para corroborar si están vinculadas con al menos cinco asesinatos cometidos entre el año pasado y el presente, en Salinas, Santa Isabel y Coamo donde se registraron alzas en la incidencia criminal.

Durante la intervención fueron arrestados, Rafael Avilés Rodríguez de 31 años, quien no tenía antecedentes penales, tenía una licencia de armas, pero presuntamente poseía un arma ilegal y Eric Javier Ramos Berríos de 26 años. Este último fue arrestado por un “carjacking” en el 2022, pero el caso se desestimó.

Como evidencia se ocupó tres pistolas marca Glock de calibres .40, .45 y 9 milímetros, otra pistola sin marca ni serie de calibre .45, cinco armas largas, una con el número de serie mutilado y otra sin marca.

Además, ocuparon 43 cargadores de diferentes calibres para pistolas y rifles, 1,130 municiones, 1 copos y dos bolsas con marihuana.

“Eso es precisamente el trabajo que queremos seguir haciendo, identificar estas armas ilegales, intervenir con las personas que las posean y sacarlas de nuestras comunidades antes de que sean utilizadas antes de que sean utilizadas para cometer un asesinato u otro acto violento”, expuso el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, durante una conferencia de prensa.

Este grupo se movía en las áreas policíacas de Aibonito, Guayama y Ponce, observó por su parte, el coronel Carlos Cruz, director de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Especiales (SAOE).

“Parte de la alta violencia que hubo en el municipio de Coamo a principios de año no descartamos que estas personas estén vinculadas de una forma u otra a estas situaciones o a la serie de detonaciones que han habido en estos pueblos de las que hemos recibido las quejas de ciudadanos de Coamo”, afirmó el coronel Cruz.

Esta evidencia ocupada servirá a la rama investigativa a contribuir al esclarecimiento de asesinatos, observó el coronel Manuel De Jesús Treskow, superintendente auxiliar de Investigaciones Criminales.

“Esta es una organización criminal sumamente violenta. Las Divisiones de Homicidios se encuentran investigando a estas personas por varios asesinatos ocurridos este año y años anteriores en distintas áreas policíacas, igual que delitos de carjacking que estuvieron operando en varias áreas policíacas”, apuntó De Jesús Treskow.

Estas estrategias, a juicio del superintendente, son las que han contribuído a que se observe una baja en los asesinatos. Este año se han reportado 276 asesinatos, una diferencia de cuatro menos si se compara con la misma fecha en el 2025 cuando hubo 280 casos contabilizados.

Según las estadísticas presentadas por González Falcón, el mes de mayo cerró con más 32 asesinatos más en comparación con el 2025 y en menos de tres meses se redujo la brecha.

En los primeros siete meses de este año se han diligenciado 973 órdenes de allanamiento, ocuparon 1,253 armas ilegales y más de 41,000 balas.

El coronel Cruz al ser cuestionado si alguna de las armas o municiones ocupadas fueron adquiridas legalmente, respondió que la información de inteligencia ocupada les indica que muchas de esta balas son adquiridas legalmente y vendidas de forma ilegal.

Aclaró, que son las armerías las que notifican cuando una persona registrada adquiere más de 20,000 municiones, aunque ello no les impide comprar más y que de ninguna forma evidencia que pudieran cometer un delito, sin embargo, les abre el camino para iniciar una investigación.

Las armerías no tienen nada que ver con lo que ocurre después que venden esas municiones, sino que son sus aliados, subrayó Cruz, quien apoyaría que la legislatura limite la compra de balas o que el su propietario justifique o pruebe su uso en un polígono de tiro una vez se establezca un registro.

“Hoy la persona puede comprar 20,000 municiones o más y nosotros no tenemos forma de evidenciar que esas municiones han sido utilizadas en los distintos polígonos”, señaló Cruz.

La investigación continúa.

Este caso será consultado con el fiscalía de Guayama para la radicación de los cargos correspondientes.