La Corte Suprema dijo el lunes que escuchará a las compañías de petróleo y gas que tratan de bloquear las demandas que buscan responsabilizar a la industria por miles de millones de dólares en daños relacionados con el cambio climático.

El tribunal, de mayoría conservadora, aceptó hacerse cargo de un caso de Boulder (Colorado), que forma parte de una serie de demandas en las que se alega que las empresas engañaron al público sobre la forma en que los combustibles fósiles contribuyen al cambio climático.

Gobiernos de todo el país han solicitado indemnizaciones por valor de miles de millones de dólares, alegando que son necesarias para ayudar a pagar la reconstrucción tras los incendios forestales, la subida del nivel del mar y las fuertes tormentas agravadas por el cambio climático. Las demandas se producen en medio de una oleada de acciones legales en estados como California, Hawái y Nueva Jersey, y en todo el mundo, que buscan impulsar la acción a través de los tribunales.

Suncor Energy y ExxonMobil recurrieron al Tribunal Supremo después de que el máximo tribunal de Colorado admitiera a trámite el caso de Boulder. Las empresas alegan que las emisiones son un problema nacional que debería dirimirse en un tribunal federal, donde se han desestimado demandas similares.

“El uso de la ley estatal para abordar el cambio climático global representa una grave amenaza para uno de los sectores más críticos de nuestra Nación”, escribieron los abogados.

La administración del presidente Donald Trump pesó para apoyar a las empresas e instar a los jueces a revertir la decisión de la Corte Suprema de Colorado, diciendo que significaría que “cada localidad en el país podría demandar esencialmente a cualquier persona en el mundo por contribuir al cambio climático global.”

Trump, republicano, ha criticado las demandas en una orden ejecutiva, y el Departamento de Justicia ha tratado de atajar algunas en los tribunales.

Los abogados de Boulder habían alegado que el litigio se encontraba aún en sus primeras fases y debía permanecer en los tribunales estatales. “No existe ningún impedimento constitucional para que los Estados se ocupen de los daños causados en su territorio por conductas ajenas a él, ya sea el diseño negligente de un automóvil o la venta de amianto”, escribieron.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.