Tres testigos de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (Opfei) declararon hoy en el Centro Judicial de Bayamón que durante la administración del exalcalde Sergio Torres se grababan conversaciones telefónicas de llamadas que se generaban o entraban al cuadro del ayuntamiento.

No obstante, durante la vista preliminar contra Torres realizada ayer en la sala del juez Pedro Saldaña Rosado no se presentó prueba que indicará que alguna de esas conversaciones fuera escuchada o divulgada por el exejecutivo municipal o alguno empleado del municipio corozaleño.

La única conversación compartida de la que se testificó ayer fue una que proporcionó al entonces director de finanzas municipal, Edgar Pérez Negrón, el presidente de Unified Global Solutions (UGS), Edgar Rosado. Ambos testificaron ayer en corte.

La vista preliminar contra el exalcalde por imputaciones de violación de comunicaciones personales continúa hoy.

Pérez Negrón declaró ayer que le solicitó a Rosado que le proporcionará el tiempo de duración de las llamadas realizadas por la empleada Ivelisse Galán entre las 12:00 y las 4:30 de la tarde de un día en particular porque había recibido quejas de dos compañeros porque presuntamente había estado mucho tiempo en llamadas desde el teléfono para asuntos personales.

El exdirector de Finanzas dijo que Rosado le envió la información, pero que, aunque no se lo solicitó, le incluyó en el archivo electrónico la grabación de la conversación.

El testigo declaró que tuvo dudas de la legalidad de utilizar esa grabación y lo consultó con la entonces directora de Recursos Humanos Annette Montalvo, quien le aconsejó amonestar verbalmente a la empleada, consignarlo por escrito y mantener e el archivo enviado por UGS.

Pérez Negrón afirmó que no escuchó la grabación, pero no aclaró como confirmó que la llamada fue para un asunto personal. Declaró que cuando amonestó a Galán, le mostró que tenía registrado el tiempo de la llamada y la grabación de su conversación telefónica.

El testigo dijo que Galán se molestó porque a juicio de ella y de él también, era una empleada que “daba la milla extra”, porque atendía asuntos del trabajo fuera de horas laborables.

Tanto Pérez Negrón como Rosado testificaron que la grabación de las llamadas se inició porque había quejas de residentes sobre el trato recibido por algunos empleados y porque se hacía mal uso de los sistemas de comunicación.

El presidente UGS declaró que en una reunión en la que estaba el alcalde y los directores de las diferentes dependencias municipales recibió la instrucción de que se comenzara a grabar las llamadas. El presidente de UGS dijo que antes de iniciar la práctica se aprobó una ordenanza municipal y un reglamento para los empleados.

La Ordenanza 11 Serie 2014-2015 y el Reglamento fue aprobado por unanimidad en la Legislatura Municipal el 4 de marzo de 2015. La Ordenanza autoriza la aprobación del Reglamento, que no especifica que se grabarán las conversaciones, sino que los recursos tecnológicos deben usarse “de manera profesional, ética y legal”. También establece que el empleado tiene que firmar ese reglamento en el que dice comprender y aceptar que “no tiene ninguna posibilidad de privacidad al utilizar cualquiera del equipo o servicio de telecomunicaciones”.

La radicación de cargos contra Torres Torres surgió tras un referido de la Oficina del Contralor (OCPR) a cuyos auditores también se les grabaron las conversaciones que mantenían desde la extensión que le proporcionó el ayuntamiento mientras hacían una auditoría.

La auditora Lori Kravitz Rodríguez, de la OCPR, declaró ayer que fueron alertados por una empleada municipal que todas las llamadas que entraban y salían de la extensión que tenían en la oficina que usaban en la alcaldía eran grabadas.

La OCPR solicitó que de decisistiera de esa práctica.