La fiscal Phoebe Isales declaró este miércoles que la exsecretaria interina del Departamento de Justicia, Wandymar Burgos Vargas, ordenó detener la entrega de informes al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) que involucraban a la exgobernadora Wanda Vázquez y otros funcionarios, como parte de su testimonio en la vista preliminar del proceso que lleva la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) contra la exfuncionaria por presuntas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal.

Burgos fue acusada por dos infracciones al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y al artículo 246 del Código Penal, por resistencia y obstrucción a la autoridad pública, por presuntamente haber frenado seis referidos al Panel del Fiscal Independiente que implicaban a la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced y otros funcionarios del gobierno.

Burgos fue designada secretaria interina de Justicia por Vázquez Garced, luego del despido de Dennise Longo el 3 de julio de 2020. Pocos días después, el 9 de julio, renunció al puesto ante el escándalo de los referidos al PFEI.

A preguntas de la fiscal Leticia Pabón, la fiscal Isales declaró sobre lo ocurrido con seis referidos al FEI entre el 3 de julio de 2020 y el 7 de julio de 2020, momentos en que se produjo la salida de la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, y la entrada a esa posición de Burgos Vargas. Para entonces Isales dirigía la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) y reportaba directamente a la secretaria de Justicia.

De acuerdo con el testimonio de Isales, los referidos se firmaron en la tarde del viernes 3 de julio de 2020, cuando ya se conocía que Longo renunciaría. Fueron enviados al FEI el lunes 6 de julio, día en que entraba en funciones Burgos Vargas, quien ordenó que se paralizara el proceso para revisar los informes.

Isales declaró que le pidió a Burgos Vargas que pusiera ese pedido por escrito, porque era una acción inusual, fuera de los procesos regulares. Burgos Vargas accedió notificó por escrito la solicitud.

Los referidos fueron finalmente enviados al FEI el 7 de julio, aunque Isales, a preguntas de la defensa de Burgos Vargas, conformada por Jayson González y Luis Enrique Tomasini, dijo desconocer si se les había hechos algún cambio.

La defensa le cuestionó a Isales por qué no había notificado a Burgos Vargas, quien para el 6 de junio GRi ya era su nueva jefa como secretaria de Justicia, sobre los referidos al FEI.

La fiscal Isales respondió que “no tenía que hacerlo” ya que se trataba de “un trámite ordinario” en el que la nueva secretaria no tenía injerencia. Agregó que le notificó el lunes y le envió los informes por correo electrónico para que estuviera informada, porque la OPFEI hace comunicados de prensa cuando recibe informes, y así podría estar informada.

Ya en la tarde, los fiscales de la OPFEI sentaron a declarar a Grisel Santiago, actualmente jueza del Tribunal Apelativo y quien para la fecha de los hechos era asesora legal en La Fortaleza.

A preguntas del fiscal Miguel Colón, explicó que antes de ir a Fortaleza había trabajado por mucho tiempo en el Departamento de Justicia y que conocía a Burgos Vargas desde entonces.

El fiscal concentró entonces sus preguntas en indagar sobre un intercambio de mensajes a través de WhatsApp entre Burgos Vargas, un abogado de apellido Ramírez y ella.

Sin embargo, la defensa objetó de manera vehemente que el fiscal entrara en el contenido de los mensajes, argumentando que los mismos se habían obtenido de manera ilegal. Sostuvieron que el PFEI había obtenido los mensajes luego de excederse en su revisión del teléfono celular más allá de lo que permitía la orden de allanamiento del mismo. Argumentaron que tanto a nivel del Supremo federal como las cortes de Puerto Rico se había establecido que los celulares gozan de una mayor protección contra allanamientos irrazonables y que cualquier revisión de los mismos tiene que ser específica y no para rebuscar todo el teléfono.

De acuerdo con la defensa, la orden de allanamiento era para unos correos específicos y el investigador del PFEI se extralimitó al revisar otras cuentas, y por un tiempo de dos meses. “Es un registro ilegal”, reclamaron repetidamente.

Los fiscales sostuvieron que la orden de allanamiento pedía buscar toda la información relacionada a los informes al FEI, incluyendo aplicaciones de escaneo, mensajes de texto y metadata, porque “se estaba buscando la fuga de información de un informe del Departamento de Justicia al FEI”.

Agregaron que, si la defensa así lo entendía, podía presentar un recurso de supresión de evidencia en la etapa de juicio.

El argumento provocó que la jueza Alexandra Rivera Sáez detuviera momentáneamente la vista para leer en detalle la orden de allanamiento, y posteriormente declaró que se admitía la evidencia, tomando en cuenta las objeciones de la defensa.

En dicho intercambio se establecía de mensajes, el 6 de julio de 2020, Burgos Vargas notificaba sobre los referidos al FEI de Wanda Vázquez Garced y otros funcionarios, y sobre el despido de Glorimar Andújar, la secretaria del Departamento de la Familia.

Un mensaje en particular decía: “se pudo detener la entrega (de los informes al FEI), están en el piso 8 (del Departamento de Justicia)”.

Santiago confirmó además que Burgos Vargas se había comunicado con ella ese día en la mañana preguntando si era normal que una fiscal (Isales) entrara informes al FEI sin consultar con la secretaria, y procedió a hacer un informe sobre si la secretaria podía detener la entrega de esos informes, aunque para entonces ya Isales había enviado por correo los informes a Burgos Vargas.

En el contrainterrogatorio, la defensa de la exsecretaria interina de Justicia llevó a Santiago a constatar que no fue hasta mucho tiempo después del intercambio de mensaje, cuando prestó una declaración jurada el 17 de marzo pasado, que vio el documento con el intercambio de textos.

Entonces, le preguntaron a Santiago si el PFEI le había mostrado la orden de allanamiento para el teléfono. Santiago respondió que no sabía si existe tal orden, peor confió en la palabra de la fiscal Pabón, a pesar que nunca le mostraron la orden.

Con eso el PFEI dio por sometido su caso. Se espera que la vista preliminar continúe el 11 de junio en la mañana, con un testigo que presentará la defensa, la fiscal Inés Carráu.