El tribunal federal de apelaciones en Boston resolvió que la Ley de Control de Acceso de Puerto Rico, que restringe acceso a las calles públicas dentro de las comunidades cerradas, debe permitirle a la feligresía de la iglesia Testigos de Jehová a expresar libremente su fe.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), con la cooperación de abogados de Mayer Brown LLP, compareció como amigos de la corte oponiéndose a las restricciones que la Ley de Control de Acceso impone a los feligreses de esa congregación.

La ley le permite a los vecinos de urbanizaciones y comunidades a establecer muros y portones para propósitos de seguridad, pero en su aplicación tiene el efecto de prohibir a los Testigos de Jehová de divulgar su ministerio de puerta en puerta dentro de las comunidades y urbanizaciones como es su costumbre.

El Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito resolvió que el estatuto no puede ser aplicado para restringir la libertad de expresión al negarle a los Testigos de Jehová el acceso a las calles públicas.     

El Director del Programa de Libertad de Religión y Credo de la ACLU, Daniel Mach, señaló que “la Constitución ciertamente protege a los derechos de los testigos de Jehová de proclamar su fe en las calles públicas, y el gobierno no puede imponer restricciones absolutas sobre el derecho fundamental a la práctica religiosa o a la libre expresión”.

William Ramírez, director del Capítulo de Puerto Rico de la ACLU, dijo que “las comunicaciones de puerta en puerta es un medio de divulgación vital para grupos pequeños con recursos limitados para propagar su mensaje”.
“El Tribunal de Apelaciones está correcto al concluir que la prohibiciones y limitaciones irrazonables sobre este tipo de manifestación constituye una carga inconstitucional sobre grupos como los testigos de Jehová, y esos grupos deben tener acceso a las calles públicas”, indicó Ramírez.

Esta resolución del Tribunal de Apelaciones se da en medio de un ambiente de alta tensión a raíz de los acontecimientos relacionados con las manifestaciones de los estudiantes en la Universidad de Puerto Rico.
La decisión aclara que en los espacios públicos, como es el caso de la Universidad de Puerto Rico, no debe haber restricciones irrazonables al derecho a la libre expresión, aún cuando estén administradas por entidades privadas.

Además, advierte que un reclamo de seguridad contra actos no es un “talismán” que el gobierno pueda invocar para justificar una restricción al derecho de libertad de expresión y religión, opinó Ramírez.

Los abogados de los Testigos de Jehovah lo son Paul Polidoro (consejo legal interno) y la abogada local es Nora Vargas-Acosta.