El activista ambiental Alberto De Jesús, mejor conocido como Tito Kayak, solicitó al Tribunal Supremo que reconsidere su decisión de restituir un fallo de culpabilidad que existía en su contra por supuestamente agredir a un agente de la Policía durante una manifestación estudiantil en enero del 2011.

A inicios de este mes, el alto foro judicial revocó parcialmente una decisión del Tribunal de Apelaciones que dejaba sin efecto una sentencia de una corte inferior que declaró a De Jesús culpable de agresión y alteración a la paz. Asimismo, le impuso una pena agregada de más de $5,000 de multa y una pena especial por cada una de las convicciones.

Los hechos de este caso se remontan al 27 de enero de 2011, cuando se celebró una protesta estudiantil en los predios del Capitolio. Ese día, los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico realizaron un acto de desobediencia civil en reclamo de la eliminación de la cuota de estabilización fiscal de $800.

Tito Kayak fue procesado por presuntamente lanzar una bicicleta a los pies de un agente, quien alegó haber sufrido lesiones leves al caer al suelo.

La sentencia del Supremo, que contó con la oposición del juez presidente Federico Hernández Denton y los jueces asociados Luis Estrella Martínez, Anabelle Rodríguez Rodríguez y Liana Fiol Matta, restituyó el fallo culpatorio solo en cuanto al delito menos grave de agresión.

En entrevista telefónica con este medio el domingo, el abogado Luis Pabón Rojas, representante legal de Tito Kayak, explicó que la moción de reconsideración fue presentada el pasado viernes, y confía en que el alto foro la atienda durante los próximos 15 días.

“Después, nosotros tenemos tres días para presentar una segunda moción de reconsideración”, precisó el letrado.

Aunque evitó ofrecer detalles de los argumentos expuestos, Pabón Rojas dijo que la moción contiene “aspectos técnicos que impactan a la sociedad”.

El letrado no pudo precisar cuál sería la pena a la que se expondría el activista si el Supremo sostiene su determinación.

Sin embargo, el Código Penal del 2004, por el cual se procesó a Tito Kayak, establece que un delito menos grave “conlleva una pena de multa individualizada, según la situación económica del convicto no mayor de 90 días-multa, o una pena diaria de servicios comunitarios no mayor de 90 días, o reclusión o restricción domiciliaria en días naturales de hasta 90 días, o una combinación de estas penas cuya suma total de días no sobrepase los 90 días”.

Tito Kayak, por su parte, catalogó la decisión del Supremo como una “maquinación de parte del estado con la intención de apagarme”.

Agregó que, no importa la actitud sumisa que exhiba durante las manifestaciones en las que participe, las autoridades terminan acusándolo. Mencionó, por ejemplo, su arresto mientras colocaba un cartelón en la avenida Román Baldorioty de Castro durante la visita a la Isla del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Ante la controversia judicial, la comunidad de la iglesia Jesús Mediador, en Hato Tejas, a la que pertenece el activista, conformó este domingo el “Comité en defensa de Tito Kayak”.

De acuerdo con el profesor José Pacheco, el comité está integrado por 25 personas y su primera gestión será crear mañana, lunes, una red social para informar todos los asuntos concernientes al caso judicial.

“Lo segundo que vamos a hacer es coordinar una entrevista con la presidenta del Colegio del Abogados (Ana Irma Rivera Lassén) para que el Colegio intervenga en todo lo que tenga que ver con la defensa legal y se asignen unos abogados especialistas en derecho para que vean el caso y evalúen todos los ‘pro’ y los ‘contra’”, dijo.

A la vez, señaló Pacheco, continuarán reclutando ciudadanos y organizaciones.

“Tito es un tremendo ser humano. Tito ha sido un miembro activo de la comunidad por muchos años y asiste a nuestra iglesia regularmente. En solidaridad, debemos dar la batalla por él”, concluyó el educador.