La exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, testificó por más de tres horas este lunes ante la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, y aunque al concluir su comparecencia no precisó el motivo de su citación, su abogado, Leonardo Aldridge, fue enfático en que, al salir de la jefatura de la agencia, no dejó ninguna orden administrativa pendiente de consideración.

Sin embargo, Rodríguez Vega deberá regresar al Departamento de Justicia para firmar las anotaciones de su testimonio en una fecha que no fue revelada por Aldridge, quien tampoco quiso especificar el objeto de la investigación, porque el proceso no ha terminado.

Aclaró, no obstante, que antes que Rodríguez Vega saliera de la agencia en diciembre pasado, su clienta no dejó sobre su escritorio una opinión legal u orden administrativa pendiente de firmar relacionada con la controversia por la permanencia de las residencias ubicadas en el litoral de La Parguera.

“Sin entrar en de qué tema es que se nos preguntó… (en la agencia) sí quiero especificar que la licenciada Rodríguez dejó en su escritorio el presupuesto de Recursos Naturales, los reglamentos y leyes de Recursos Naturales, y un ‘post-it’ que decía ‘éxito’ para el próximo secretario de la agencia”, puntualizó el abogado a su salida del edificio.

“No dejó ninguna orden administrativa firmada y no dejó ninguna orden administrativa pendiente. El que diga lo contrario está faltando a la verdad”, agregó.

En enero, el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, y la gobernadora Jenniffer González, indicaron, por separado, que la controversial orden ejecutiva sobre las casas de La Parguera estaba “lista”, y Rodríguez Vega no la quiso firmar. El actual jefe de la agencia la suscribió en su primer día en el puesto.

La orden administrativa ordenó el archivo de los casos pendientes relacionados con las propiedades enclavadas en La Parguera, incluido el de los suegros de la gobernadora, aunque luego fue enmendada para establecer que el análisis se haría caso a caso.

“Yo, por mi parte, lo único que deseo a cualquier funcionario público que ocupe un puesto como secretario es que tenga la libertad de poder hacer las investigaciones administrativas sin ninguna presión, que sea el proceso el que corra. Yo fui atacada fuertemente por hacer mi trabajo. Hoy estoy tranquila, como les dije en la mañana, de que lo que se hizo en cualquiera de los casos que se atendió en el Departamento de Recursos Naturales corrió el proceso que debía correr. Y no es que corrió, lo siguen corriendo. Cada uno de los casos debe de seguir”, afirmó la exsecretaria al abandonar la sede de Justicia poco después de las 3:00 p.m.

Al llegar al edificio en la mañana, el abogado había advertido que el testimonio de su clienta estaría sujeto a que le explicaran los pormenores de la pesquisa en curso. Al salir para almorzar, dijo que se cumplieron las garantías que exigía y que, por eso, permitió que testificara.

“Está aquí en calidad de testigo. Nos lo afirmaron anteriormente, lo confirmaron aquí”, subrayó el abogado.

No descartan más citaciones

Mientras, la directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, la fiscal Sonia Martínez, dijo a los periodistas, temprano en la tarde, que no podría ofrecer detalles de la pesquisa por su naturaleza “confidencial”.

“Estamos investigando un asunto que nos fue referido, relacionado al DRNA”, se limitó a decir la fiscal. El testimonio de Vega Rodríguez fue ante la fiscal Marie Díaz de León.

Martínez reiteró las expresiones de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, quien aseguró que la pesquisa surgió de un referido que hizo, en enero, el senador popular Luis Javier Hernández Ortiz.

El senador, en cambio, ha rechazado ese argumento y planteado que lo que había solicitado a la otrora designada secretaria de Justicia Janet Parra fue una opinión legal sobre la legalidad de la orden administrativa del actual secretario del DRNA ordenando el archivo de las denuncias por presuntas irregularidades en construcciones en La Parguera.

Posteriormente y mientras se llevaba a cabo el interrogatorio a Rodríguez Vega, el senador reveló que había sido citado, para el próximo 2 de julio, también ante la División de Integridad Pública.

“Yo voy a participar de esa reunión haciendo la salvedad de que esto no es una petición de este servidor. Hay que aclarar que esta petición se convirtió en una petición del Senado de Puerto Rico aprobada por unanimidad por todos los compañeros y compañeras”, mencionó el senador.

La fiscal Martínez, entretanto, no descartó que citen a más funcionarios o exfuncionarios del DRNA como parte de la investigación.

Afirmó, igualmente, que deben terminar la pesquisa en o antes del 4 de agosto. Independientemente de cuál sea el resultado, deben notificar a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente.

Al preguntársele si Quiles es una de las personas a ser citadas, la fiscal respondió: “Hasta la fecha de hoy (lunes), no ha sido citado. No significa necesariamente que sea la tarjeta, pero hasta la fecha de hoy, no ha sido citado”.

Rodríguez Vega se expresó “tranquila y confiada en que cada una” de sus acciones como jefa del DRNA, el pasado cuatrienio, fueron “cónsonas con la Constitución, proteger cada uno de nuestros recursos naturales”.

No obstante, manifestó que le “sorprendió” la citación y cuestionó la prioridad que Justicia le ha dado al asunto.

¿Usted se siente perseguida por esa situación?, se le preguntó.

“Estoy aquí, como cualquier ciudadano, en cumplimiento con mi deber”, respondió.

“Me sorprende, verdad, que, de 794 casos, se haya comenzado con este cuando, por años, hay casos como, por ejemplo, y ustedes han sido testigos, la Bahía de Jobos (en Salinas). Y estoy confiada que el Departamento de Justicia, luego de mi caso, va a atender crímenes ambientales como lo que pasó en la Bahía de Jobos”, agregó.

Rodríguez Vega fue emplazada la semana pasada sin que se le informara el motivo. Posteriormente, la secretaria de Justicia precisó que la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor conducía una pesquisa y se citó a la exsecretaria en calidad de testigo.

La titular de Justicia la semana pasada que, al llegar al puesto, halló que la división tenía 794 asuntos por atender y de esa cantidad se manejaron 669 y quedan activos 125. La pesquisa que involucra a Rodríguez Vega, según Gómez, era una de las que estaba pendiente.