La historia de policías que les estaban ofreciendo protección a narcotraficantes de Corozal no se ha quedado en el olvido. Las autoridades están tras los talones de agentes que recibían pagos de presuntos miembros de la banda, que fue desarticulada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Uno de los presuntos líderes de la organización criminal, que tenía vínculos con elementos corruptos de agencias locales de ley y orden, decidió ventilar su caso a través de un juicio por jurado luego que su representante legal y la Fiscalía Federal negociaran un acuerdo tentativo que se desmoronó con el cambio de parecer del acusado.

Charlie Murphy Cordero, quien figura en la séptima posición de un pliego acusatorio radicado contra la ganga que dominaba la venta de drogas en el residencial Enrique Landrón de Corozal, compareció a una vista de cambio de alegación ante el juez federal José A. Fusté pero, luego de consultar con su abogado, el sujeto dio un giro de 180 grados, amparándose en su presunción de inocencia.

Según se desprende de la investigación federal, miembros de la banda pagaban para obtener información sobre posibles operativos en su complejo público y recibían escolta policiaca para la transportación de drogas. Las autoridades federales están investigando activamente el vínculo entre los narcotraficantes y los policías.

La vista de cambio de alegación de un presunto vendedor de la organización se pautó tentativamente para mañana, viernes.

Según el pliego radicado contra 47 personas vinculadas a la pandilla, Murphy Cordero era dueño de un punto que vendía Percocet y Xanax. Según los federales, el sujeto también se desempeñó como sicario.