El Tribunal de Apelaciones paralizó esta mañana el inicio de la vista preliminar contra Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, imputada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, mientras se evalúa una Petición de Certiorari radicada por la defensa para que desestime las denuncias en su contra a los fines de referirla a la jurisdicción del Tribunal de Menores.

Las licenciadas Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), radicaron el recurso en la tarde de ayer, domingo.

La moción pedía al Tribunal de Primera Instancia la paralización de los procedimientos tras una petición de Certiorari al Tribunal Apelativo. El Departamento de Juticia (DJ) sometió su oposición.

“Solicitamos que el Tribunal Apelativo revoque la Resolución recurrida y ordene la celebración de una vista evidenciaria y, establecida la edad mental de la menor AAC, se proceda a desestimar las denuncias en su contra a los fines de referirla a la jurisdicción del Tribunal de Menores”, se indica en un fragmento del documento.

La jueza Cristina Córdova Ponce, había indicado que si no mediaba una orden de paralización del Tribunal de Apelaciones, que es de mayor jerarquía, la vista preliminar comenzaría hoy, reveló la licenciada Jiménez Emmanuelli.

El glosario de términos jurídicos y conceptos del Poder Judicial define un Certiorari como una figura enmarcada dentro de los procesos apelativos judiciales. “Recurso expedido por un tribunal superior para revisar las determinaciones parciales o resoluciones interlocutorias (no finales), o para modificar alguna orden, del foro inferior. El foro superior o revisor tiene la discreción para negarse a emitir el auto (no atenderlo)”.

Se mantiene separada la fecha del 17 de diciembre para el inicio de la vista preliminar, en caso de que el Tribunal de Apelaciones tome una decisión para esa fecha.

De no ser así, se separaron las fechas del 13, 16, 22, 23 y 26 de enero de 2026, en diferentes horarios.

Las licenciadas habían solicitado al tribunal la entrega de una minuta firmada de la vista argumentativa del 9 de noviembre y de la Resolución de la jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, quien declaró “no ha lugar” a la moción radicada por la defensa que alegaba que la capacidad mental de su representada es equivalente al de una niña de 10 años y siete meses y que su caso debía ser devuelto al Tribunal de Menores, las cuales recibió el viernes.

Otro asunto del caso se resolvió el viernes pasado, cuando el juez de Primera Instancia de Aibonito, Raúl Rodríguez Quiles, determinó que una prima adolescente de Pratts Rosario tendrá que testificar en corte abierta y no en circuito cerrado como solicitó el Ministerio Público.

Por escrito, el togado concluyó que la menor proyectó que está ubicada en tiempo y espacio, reconoce su participación en el proceso judicial y tiene la estamina suficiente para participar como testigo sin que la presencia en sala de la imputada le vaya a causar un disturbio emocional serio.

No obstante, se había planteado que la menor estaba atravesando por un trauma emocional por el crimen de Gabriela Nicole y el proceso judicial ya que se encontraba vulnerable para declarar sobre los hechos.

El jueves se llevó a cabo una vista de necesidad, solicitada por el Ministerio Público, en la que las partes presentaron sus argumentos.

“El derecho a la confrontación es un derecho constitucional que ostenta todo imputado de delito. Este incluye el careo con los testigos de cargo. Este derecho constitucional como muchos otros podría ceder ante un interés apremiante del estado, en este caso el interés de proteger a una testigo de sufrir un disturbio emocional al tener que testificar frente a la imputada, pero se tiene que demostrar la necesidad de limitar el derecho constitucional a la confrontación”, lee un segmento de la determinación del juez, quien concluyó que el Ministerio Público no cumplió con su carga probatoria.

No se conoce si los fiscales apelarán la decisión.

Avilés Cabrera, quien tenía 17 años para la fecha de los sucesos, fue acusada junto a su progenitora, Elvia Cabrera Rivera, por el asesinato, en común y mutuo acuerdo, con un arma blanca de la adolescente de 16 años, ocurrido el 11 de agosto, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.