El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) deberá entregar a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) el alegado subpoena que le emitió una agencia federal y otros datos relacionados al traspaso de información de miles de personas inmigrantes que poseen licencia de conducir, ordenó el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en San Juan.

La decisión judicial la comunicó la propia organización en un comunicado de prensa.

“Con esta victoria, la ACLU de Puerto Rico reafirma su compromiso con la protección y la defensa de los derechos humanos y civiles de todas las personas que vivimos en nuestro archipiélago. El acceso a la información es primordial y fundamental para una democracia sana y el principio de máxima divulgación debe permear todo el quehacer gubernamental”, afirmó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU.

La controversia surge porque la administración de Jenniffer González Colón no divulgó un pedido que realizó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) a finales de enero, en el que pedía los datos de inmigrantes con licencia de conducir.

El derecho para que los inmigrantes tuvieran licencia lo concedió el exgobernador Alejandro García Padilla en el 2013.

Esta información, acomulada a lo largo de los años, fue solicitada como parte de la campaña que emprende el gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes.

No fue hasta junio pasado que el gobierno aceptó que entregó los datos al ICE. Se aludió que el no haberlo hecho ponía en peligros fondos federales.

Ante estos hecho, la ACLU presentó a principios de octubre una petición de Mandamus ante el tribunal contra el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), para que entregaran de manera inmediata documentos relacionados con el traspaso de información confidencial de cerca de 6,000 personas migrantes que obtuvieron licencias de conducir.

“El pueblo tiene el derecho fundamental de saber bajo qué circunstancias y supuestos se entregó la información que puso a miles de vidas en riesgo y cómo ocurrió el traspaso de estos datos, incumpliendo con la intención legislativa en la Ley 97 de 2013, que exige confidencialidad sobre esos datos”, subrayó el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico y quien argumentó el caso en nombre de la organización durante una vista ayer, jueves.

Tras escuchar los alegatos del gobierno ante tal petición, el juez Anthony Cuevas Ramos ordenó que el DTOP tiene cinco días para completar la entrega de la información.