El juez Anthony Cuevas Ramos declaró “ha lugar” una petición urgente para que el presidente de la compañía 313, Ricardo Vázquez Hernández, entregue información a la Cámara de Representantes.

El Tribunal le dio un término de tres días a partir de la notificación para que conteste preguntas y entregue documentos a la Comisión de Salud, ente que investiga la multimillonaria fallida compra de pruebas para detectar coronavirus covid-19 durante la pandemia.

“Se le advierte al Sr. Vázquez que, a tenor con lo dispuesto en el artículo 34a(2) del Código Político de 1902, el incumplimiento o desobediencia a la Orden aquí dictada será castigada por este Tribunal como un desacato civil al mismo”, reza la orden del togado del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Entre las preguntas a contestar se encuentran:

A. ¿[En] qué compañías adicionales a 313 LLC, Ricardo Vázquez es miembro?

B. [El Sr. Ricardo Vázquez Hernández] es dueño, socio, miembro o qué relación tiene, cuáles son sus negocios, tiene contratos con el Gobierno de Puerto Rico y qué servicios ofrece en las siguientes compañías [si alguno]:

  • Vertical Consulting Group
  • Galaxy Games LLC
  • Vertical Management Group
  • AKR Properties
  • Landair INC
  • fAlister Mckínly

C. ¿Qué cantidad pagó 313 LLC por las “Nova Test Rapid Test” que (luego) le vendieron al Departamento de Salud? Se solicitó que muestren evidencia de la compra que realizó 313 LLC.

La petición de producción de información fue interpuesta ayer, 29 de junio, por el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, a raíz de la comparecencia de Vázquez Hernández a la vista pública celebrada el pasado 22 de junio.

No contestó

Allí, el ejecutivo de 313 LLC, quien intentó que su comparecencia se llevara a cabo como una vista ejecutiva, se mostró evasivo en responder muchas de las preguntas que le realizaron los miembros de la Comisión sobre las gestiones e incidencias que llevaron a su empresa a completar unos contratos de sobre $3.6 millones con el Departamento de Salud para la compraventa de más de 100,000 pruebas serológicas de covid-19.

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Además, catalogó como “impertinentes” sobre 25 preguntas que le realizó el presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, amparado en que violaban confidencialidad y “secretos de negocio”.

Bajo este argumento, no respondió a qué precio 313 LLC adquirió con la compañía mexicana Zogen Genética las también llamadas pruebas rápidas marca Nova Test.

11 referidos

En relación a esta investigación, ayer la Comisión de Salud de la Cámara refirió a once funcionarios y contratistas del gobierno al Fiscal Especial Independiente (FEI), la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor de Puerto Rico, al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y al Tribunal Supremo.

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Entre los funcionarios referidos a las autoridades figuran: el propio presidente de 313, el coordinador del Task Force Médico, Segundo Rodríguez; el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle; la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez; y la exjefa de Personal del Departamento de Salud, Mabel Cabeza.

También se encuentran en la lista el abogado Juan Maldonado, quien gestionó el contrato de $38 millones para la compra de las pruebas a nombre de Apex General Contractors, así como el presidente de la empresa, Robert Rodríguez López.

Además, encaran referidos: la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) Iris Santos; el secretario auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda, Alfonso Rossy, el exjefe de la Administración de Servicios Generales, Ottmar J. Chávez Piñero; y la ayudante especial en el Negociado Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Guarina Delgado García.