El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó este miércoles la moción de auxilio radicada por un grupo de ciudadanos para paralizar los mandatos de vacunación obligatoria contra el COVID-19 en estudiantes y empleados del sistema público por alegada violación a derechos civiles por parte del Gobierno de Puerto Rico.

“Examinada la petición de certiorari que presentó la parte peticionaria y la Moción en Auxilio de Jurisdicción solicitando paralización de mandatos de vacunación, se provee no ha lugar a ambas”, lee la resolución de la curia sobre el recurso legal que lleva en las cortes desde julio del año pasado.

De inmediato, el gobernador Pedro Pierluisi reaccionó complacido con la decisión emitida por el alto foro judicial.

“Estoy complacido con la decisión emitida en el día de hoy por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en la cual se denegó un recurso que pretendía paralizar los mandatos de vacunación contra el COVID-19 para las escuelas y universidades. De esta forma, continúa en vigor las decisiones emitidas por los foros inferiores, las cuales han validado expresamente las medidas implementadas, incluyendo la vacunación contra el COVID-19″, manifestó el gobernador en declaraciones escritas enviadas a Primera Hora.

La demanda solicitaba a los tribunales a que el Primer Ejecutivo y el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, cesara y desistiera de implementación de la inoculación obligatoria enmarcadas en las ordenes administrativas, donde también establecía protocolos específicos para prevención de contagio del coronavirus en personas no vacunadas.

Igualmente, la parte demandante reclamaba que se les conceda una compensación monetaria por una cantidad no menor de $50,000 a cada reclamante por violación de derechos, una compensación en daños por una cantidad no menor de $20,000 por concepto de daños morales y angustias mentales sufridas por los demandantes, y una cantidad de $75,000 por concepto de honorarios de abogado.

Pierluisi agregó que todas las órdenes ejecutivas promulgadas para atender la emergencia de salud pública han estado basadas en los datos y el asesoramiento científico correspondiente, y han sido cuidadosamente diseñadas para atender con especificidad cada etapa de la pandemia de forma razonable.

“Reafirmamos nuestro compromiso de continuar atendiendo esta situación de salud pública con mucha responsabilidad y teniendo siempre como norte la salud de toda nuestra población”, subrayó el Primer Ejecutivo.

Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, se mostró satisfecho y reiteró que la agencia no claudicará en su deber de salvaguardar la salud pública frente a amenazas de enfermedades como el COVID-19.

“Estamos complacidos con la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico que, al denegar el recurso presentado por los recurrentes, avaló nuevamente la vacunación compulsoria para estudiantes y empleados públicos”, expresó por escrito a Primera Hora el funcionario.

Insistió en que la vacuna contra el COVID-19 es la herramienta más segura y eficaz para prevenir complicaciones severas, hospitalizaciones y muertes por la enfermedad. El SARS- CoV-2 es un virus que ha afectado a más de 450,000 personas en Puerto Rico y provocado la muerte de 3,887.

“No claudicaremos en nuestro deber de salvaguardar la vida contra las enfermedades que interfieran con el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales de todos los ciudadanos”, puntualizó al mencionar que por décadas las vacunas han sido clave para evitar que aparezcan enfermedades prevenibles. “La ciencia continúa contribuyendo a la salud”, agregó Mellado.