Ponce. - La necesidad de acciones legislativas para despolitizar la Policía de Puerto Rico y la urgencia de que los integrantes de la Uniformada reciban más y mejores adiestramientos fueron puntos de encuentro entre los deponentes que participaron de las vistas públicas de la Reforma de la Policía que presidió hoy, jueves, el juez federal Gustavo Gelpí en el Tribunal de Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, en este municipio.

Durante el primer día de estas vistas en la región sur, presentaron sus ponencias en la mañana el exgobernador Rafael Hernández Colón y la alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri. En la tarde, depusieron la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Georgina Candal; los profesores de la Pontificia Universidad Católica de Ponce Fernando Torres Ramírez y Octavio J. Capó; la coronel a cargo de la unidad de la Reforma de la Policía, Clementina Vega, y el comandante de área de Ponce, el coronel Héctor Agosto Rodríguez.

El juez Gelpí condujo los trabajos en español, una acción que dijo se hacía por primera vez en 115 años en el foro federal en la Isla y que justificó como una forma de involucrar mejor a las comunidades.

El tema de la politización partidista del cuerpo policiaco salió a relucir durante la presentación de Hernández Colón, quien expuso que desde que regresó a La Fortaleza para su segundo término, en 1985, una época que llamó “post Cerro Maravilla”, notó la división por facciones. 

En esas condiciones, explicó, nombrar como superintendente a alguien del interior de la Uniformada era un problema, por lo que los gobernantes optaban por nombrar a un civil.

“Yo aspiraría a que resultara de este proceso de reforma que el superintendente pueda ser un miembro de la Policía porque son los que más conocen el cuerpo”, subrayó.

También estuvo de acuerdo con el juez en que se legisle localmente un proyecto similar al “Hatch Act” que existe en Estados Unidos desde 1939 para prohibir a empleados del gobierno federal involucrarse en actividades proselitistas aun fuera de horas laborables. 

Todos los demás ponentes, incluso el superintendente de la Policía, José Caldero, quien estuvo presente durante todo el proceso, afirmaron que apoyarían una medida de ese tipo.

“Hay una concurrencia”, manifestó Gelpí al finalizar la vista en un aparte con este medio. “Creo que sería importantísimo, se profesionalizaría la fuerza trabajadora y va a ser un sistema de méritos”, apuntó para recordar la gran cantidad de casos que ha atendido por discrimen político en agencias de gobierno.

“Es una aportación de esta vista que la Legislatura de Puerto Rico, el gobernador y otros líderes deben tomar en consideración. El año que viene es año de elecciones, y fuera de horas laborables hay policías rindiendo trabajos de escoltas a distintos candidatos y empiezan a alinearse políticamente y con miras de algún día tener un puesto. Eso crea un ambiente de tensión”, sostuvo.

Varios de los deponentes también insistieron en que los cambios necesarios en la Policía requieren de educación continua.

La presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Georgina Candal, urgió remediar los problemas con la metodología de evaluación de la Academia, y que haya una mayor apertura a la colaboración entre la Comisión y la Facultad para discutir los cambios necesarios en el currículo a la luz de la reforma y la importancia de los derechos civiles.

Candal presentó un extracto del documental Aquel Rebaño, en el que se mostraron instancias en que policías macaneaban a ciudadanos en eventos de la huelga de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en 1981 y en la huelga de la Telefónica en 1998. Para hacer constar que las autoridades federales también han incurrido en el uso excesivo de fuerza, incluyó un visual en el que se ve a agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) rociar con gas pimienta a periodistas que intentaban obtener información sobre un allanamiento que realizaban en el condominio De Diego 444, en Río Piedras, en 2006.

Al igual que Candal, los profesores de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, Octavio J. Capó y Fernando Torres Martínez, se pusieron a disposición de la Policía para ofrecer sus recursos en beneficio de la educación de los agentes.

“Ya es hora de que los policías tengan casi un grado asociado en Derecho”, apuntó Torres Martínez. “Creo que el mayor reto es tratar de que la Academia (de la Policía) aproveche todos los recursos disponibles en el país para mejorar la preparación de los policías”, agregó, enfatizando en los temas de derecho penal y de derecho civil. 

La coronel a cargo de la unidad de la Reforma de la Policía, Clementina Vega, así como el comandante de área de Ponce, el coronel Héctor Agosto Rodríguez, dieron cuenta del avance en la implementación de la reforma en términos de adiestramientos a policías, cambios en currículos y cambios en políticas internas.

Vega mencionó que el próximo 30 de octubre se entregará al asesor técnico de cumplimiento (TCA, por sus siglas en inglés), Arnaldo Claudio, la política que guiará las intervenciones con personas transgéneros y transexuales, y celebró que ya ha juramentado el Comité de Interacción Ciudadana Central, un esfuerzo para incluir la participación de las comunidades en el proceso. 

Sobre los múltiples reclamos en torno al uso excesivo de la fuerza por parte de la Unidad de Operaciones Tácticas, estableció que la política que establece su estructura también fue revisada “porque hay una confianza que queremos volver a ganar”. 

Aunque los cuerpos de policías de los municipios no están contenidos en el acuerdo federal, la alcaldesa Meléndez Altieri sugirió que se establezcan oficiales de enlace con la policía estatal “por medio de los cuales se pueda canalizar hacia los municipios información sobre los procesos de reforma de la Policía y así puedan ser implementados de forma paralela en el cuerpo policiaco municipal”.

El secretario de Justicia, César Miranda, estuvo presente durante el proceso en la mañana, como abogado de la Policía. Presenciaron todos los trabajos el superintendente Caldero, la representante del gobernador, Maritere Rivera Corujo, y el asesor técnico de cumplimiento, Arnaldo Claudio, junto con su equipo, que incluye al exjuez presidente del Tribunal Supremo Federico Hernández Denton y al director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), William Ramírez 

La reforma surgió a raíz de una investigación incoada por el Departamento de Justicia federal en 2008 y que culminó con la publicación de los hallazgos en 2011, entre los que se resaltaron el uso de la fuerza excesiva por parte de los agentes de la Policía, el uso de fuerza irrazonable y conducta impropia para suprimir el ejercicio de la libertad de expresión y la realización de registros y allanamientos irrazonables.

El acuerdo para la reforma fue firmado el 17 de julio de 2013 por el gobernador Alejandro García Padilla y por el entonces fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder.

Mañana, viernes, se realizará la segunda vista en Ponce, para la que se esperan las ponencias de la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez; el director ejecutivo de la ACLU, William Ramírez; el líder comunitario Roberto "Papo Christian" Pérez; así como Myra Rivera, de la Alianza Laura Aponte por la Paz Social (ALAPAS), entre otros.