Valentín Valdés Ayala, acusado por un esquema de fraude de quiebras a través de su fundación Lucha Pro Padres Convictos por Pensión, podría solicitar una oferta de parte de fiscalía federal para llegar a un acuerdo luego de evaluar la prueba en su contra.

Su abogado, Nicolás Nogueras -quien asumió su representación legal recientemente-, informó esta mañana a la magistrada federal Silvia Carreño Coll que aún no ha recibido la evidencia del caso y solicitó 10 días para evaluar la prueba y poder informar si entrará en negociaciones con la fiscalía o si decidirá ir a juicio.

Durante la conferencia de estatus esta mañana, el fiscal Michael Bagge aclaró que se completó el descubrimiento de prueba del caso con el abogado anterior, de la Oficina del Defensor Público Federal, pero Nogueras indicó que haría las gestiones con ellos para obtenerla.

"Vamos a ver si podemos resolver el caso con un acuerdo. Podría haber la posibilidad de una alegación de culpabilidad, pero todo depende una vez evaluemos la prueba", manifestó Nogueras.

Carreño Coll le concedió el término de 10 días para informar a la corte el proceso a seguir.

Nogueras adelantó que someterá una moción relacionada a las condiciones de la fianza impuesta a su representado, dado a que no ha podido cumplir con todas las condiciones que le impuso la magistrada, por lo que continúa detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo.

El 6 de diciembre pasado, Carreño Coll le concedió una fianza de $20,000 y un "amigo", identificado como Jaime Feliciano, se ofreció a prestarla. No obstante, la fiscal federal Mariana Bauzá solicitó la paralización de la misma al percatarse que Feliciano está autorizado a firmar en los cheques de la fundación.

En una vista de revisión de fianza, la magistrada aumentó la fianza a $50,000 asegurados en efectivo y/o propiedades. Aclaró que el dinero no puede tener que ver en nada con el esquema o la fundación del acusado -que también tiene la fundación Tears in Prison- y debe certificarse como tal. Además, Valdés Ayala deberá permanecer bajo arresto domiciliario con supervisión electrónica.

Valdés Ayala fue arrestado el 3 de diciembre pasado por emitir 412 peticiones de quiebra fraudulentas bajo el Capítulo 13 entre agosto de 2010 y noviembre de 2013, representando a personas encarceladas por no cumplir con los pagos de pensión alimenticia. Les cobraba $1,500 y se hacía pasar como abogado y capellán. Las peticiones no prosperaban porque estaban incompletas.

De ser encontrado culpable, el músico, productor y actor del desaparecido programa "Carmelo y punto" se expone a una pena de hasta 30 años de cárcel por los cargos de fraude de quiebra, falsificación o alteración de quiebra, destrucción o alteración de expedientes de quiebra, fraude electrónico y desacato, además de cuatro años adicionales por dos cargos de robo de identidad agravado.