El senador independiente José “Chaco” Vargas Vidot exhortó hoy al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a que no le renueve el contrato a la empresa Physician Correctional, que brinda servicios de salud a la población de confinados.

Su petición va atada a la investigación que realizó la Comisión de Salud Mental que preside, en torno a los sucesos relacionados a la muerte de la confinada Shannel Colón Ponce, que revelaron su alegado incumplimiento de los acuerdos contractuales.

El contrato de Physician Correctional vence el 30 de septiembre próximo.

Entre las conclusiones principales de la investigación de la comisión, Vargas Vidot mencionó que el DCR incumplió con deber de salvaguardar la seguridad de Colón Ponce. “Directamente, acuso al Departamento de Corrección y Rehabilitación por no haber cumplido con su deber constitucional (de cuidarla)”.

El legislador planteó que Physician Correctional no honró el contrato al, presuntamente, carecer del personal adecuado para atender los problemas de salud mental de Shannel y darle una atención médica, en vez de devolverla a una institución penal donde, supuestamente, se privó de la vida por no revertirle los síntomas, ya que la cárcel carece del personal adecuado para atenderla. A esta fecha, no se les ha respondido si fue atendida por un psiquiatra.

A su vez, denunció que la empresa rendía informes trimestrales y no mensuales, según lo estipulado y que el DRC, presuntamente, no fue efectivo en su fiscalización de estos documentos y las facturas sometidas.

“Physician Correctional incumplió su deber, precisamente, porque no cumplió con el protocolo”, subrayó Vargas Vidot, quien advirtió que no pudo corroborar rumores en el sentido de que Shanell fue golpeada en el Centro Médico Correccional porque, cuando se vio su cadáver, presentaba hematomas que eran compatibles con haberse ahorcado.

Todavía las circunstancias que rodean su muerte no han sido esclarecidas ya que el senador entiende que la autopsia no ha sido completada, no ha concluido la investigación del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) solicitada por el DCR y varias gestiones de la comisión -para solicitar documentos y realizar una inspección ocular del lugar de la escena- se han aplazado.

Casualmente hoy, reveló que se le autorizó a visitar la escena.

A su vez, dijo en una conferencia de prensa, que la compañía LUMA Energy nunca respondió el requerimiento de información que era necesario para establecer o descartar si era cierto que el 2 de junio de 2022, día en que falleció Shannel, el complejo correccional no contaba con servicio eléctrico.

Asimismo, argumentó que se realizó una Audiencia Pública en la que el DCR se limitó en sus respuestas al ampararse en la confidencialidad del proceso investigativo del NIE, y de igual manera Physician Correctional al afirmar que el expediente médico de Shannel era confidencial.

Durante esta vista, el senador Vargas Vidot le preguntó al doctor Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional, si era cierto que a Shannel no fue atendida por un psiquiatra para que le revertieran los síntomas, lo cual el titular dijo que suministraría información confirmando que sí fue atendida, pero la evidencia nunca le llegó a la Comisión.

“Un obstáculo gigante para obtener esta salud emocional es, precisamente, Physician Correctional. El tiempo en el cual Shannel estuvo ingresada en el Centro de Rehabilitación para Mujeres, contaba con solo 0.5 psiquiatras y un psicólogo. Sí, 0.5 psiquiatras... ¿Qué querrá Physician Correctional decir con esto? ¿Cómo es posible que este número sea suficiente para atender la población correccional? Este número refleja cómo la falta de atención y de personal pudo haber sido un factor decisivo en el caso de Colón Ponce, y que pudiera estar viva de Physician Correctional haber intervenido de forma correcta y no haberla devuelto a la institución hasta no revertir síntomas. Esta negligencia es imputable tanto al DCR como a Physician Correctional”, reiteró el presidente de la Comisión de Salud Mental.

De su lado, la tía de la víctima, Chellian Rosario, expuso que hay muchas incongruencias en el caso hasta en la hora de su muerte.

“La Policía dice una hora, en el informe de Ciencias Forenses dice otra, había estas dudas si fue suicidio... nosotros queremos que nos digan realmente qué fue lo que pasó, cuál es la conclusión de la investigación. Llevamos un año y cuatro meses y todavía no sabemos”, expuso Rosario.

Vargas Vidot, propuso gestionar una colaboración entre el DCR y el Departamento de Salud a los fines de que la institución carcelaria tenga acceso a los expedientes médicos de personas privadas de su libertad, ya que esto ayudaría a manejar de manera eficaz el tratamiento de la persona desde un principio.

Finalmente, recomendó que se elabore un protocolo que adiestre al personal del DCR sobre el manejo de personas con salud mental, bien sean sumarios o privados de libertad posterior a una sentencia.

Colón Ponce, de 23 años, fue encontrada muerta el 2 de junio de 2022 frente a su celda en el módulo del Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón, mientras esperaba por una evaluación psiquiátrica mediante una orden del tribunal el 4 de mayo. Se planteó como causa de muerte el suicidio.

Mientras, la investigación de la muerte sacó a relucir problemas de seguridad en la institución, pues la pesquisa no contó con grabaciones de lo que aparentemente ocurrió, pues las videocámaras del lugar estaban inoperantes por una supuesta falla de energía eléctrica.

De acuerdo con la cronología de eventos presentados, en enero de 2022, la mujer, madre de una niña, comenzó a padecer de un diagnóstico de salud mental para el cual recibía tratamiento médico y que requirió su hospitalización involuntaria, a través de la Corte del Condado de York en Pensilvania, para que recibiera el tratamiento para su condición.

Para el mes de abril de 2022, llegó sola a Puerto Rico y su tía se entera mediante noticias que su sobrina estaba siendo vinculada al hurto de un auto. Al comunicarse con ella, Colón Ponce le dice que la estaban persiguiendo, por lo que para escapar había tratado de utilizar dicho vehículo. Rosario se percató de que estaba descompensada mentalmente por lo que coordinó su entrega con el Negociado de la Policía de Puerto Rico, en busca de que le dieran ayuda.

Posteriormente, le radicaron cargos y se le señaló una fianza de $10,000 la cual no pudo prestar, ni le fue diferida por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio. Esa noche fue encarcelada. En todo momento su familia presentó evidencia de que era una paciente de salud mental, aseveró.

El presupuesto asignado a esa área de servicios para el año pasado era de $60 millones y este año se calcula en unos $56 millones, sin incluir otras partidas que recibe la agencia, observó Vargas Vidot.

El informe parcial, de 29 páginas, fue sometido al Senado para que las respuestas posteriores se tomen en consideración.

“Porque yo no ando buscando una venganza, lo que yo ando buscando es que un servicio sea el apropiado... podemos hablar categóricamente de que la ineficiencia de Physician Correctional sirve de base para que lo peor pudo haberse evitado y ocurrió, aunque yo no estoy acusando a nadie en particular, hay suicidios como si fueran inducidos”.

El 26 de mayo familia de Shanell, junto a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), demandó por daños y perjuicios y por violación de derechos civiles al DCR y su secretaria Ana Escobar, al Negociado de la Policía de Puerto Rico y su comisionado Antonio López Figueroa, al secretario de Justicia Domingo Emanuelli y a las empresas Physician Correctional y Puerto Rico Medical, entre otros. El pleito civil sigue pendiente en el Tribunal de Primera Instancia.

El DCR respondió por escrito a las alegaciones indicando que no hará expresiones públicas sobre el caso.

“La familia de Shanell Colón Ponce radicó una demanda en el Tribunal Superior Sala de Bayamón contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación, varios empleados de la agencia y la Secretaria tanto en su carácter personal como funcionaria de gobierno. La agencia fue emplazada el pasado 5 de julio de 2023 con relación a esta demanda. Por tal razón y para salvaguardar la pulcritud de los procesos judiciales el Departamento de Corrección y Rehabilitación ha tomado la determinación de no realizar expresiones públicas sobre ningún aspecto que involucre este caso”.

Agregó que, la agencia atiende con respeto cualquier sugerencia, planteamiento o recomendación que garantice los derechos de los confinados y confinadas de Puerto Rico.