Una manifestación de la “Jornada Se Acabaron las Promesas” mantiene obstruidos varios carriles de la autopista Luis A. Ferré (PR-52), en el kilómetro 0.7, próximo a la salida hacia la carretera PR-177, en dirección de Caguas hacia San Juan, informó el Negociado de Patrullas de Carreteras.

El comandante auxiliar del negociado, teniente Roldofo Negrón, explicó que se ha mantenido el diálogo con el liderato y accedieron a que se mantuviera abierto al tránsito un carril por situaciones de emergencia ya que el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, se encuentra cerca y para pacientes que se dirigen a sus citas.

Además, está abierto al tránsito otro carril en la ruta del carril reversible.

Al momento, no se han reportado incidentes relacionados con la manifestación, añadió Léon.

Personal de la Policía se encuentra atendiendo el control del tránsito en el área como medida preventiva.

La Jornada se Acabaron las Promesas lleva a cabo una manifestación contra la Junta de Supervisión fiscal en la autopista PR-52 en dirección a San Juan.
La Jornada se Acabaron las Promesas lleva a cabo una manifestación contra la Junta de Supervisión fiscal en la autopista PR-52 en dirección a San Juan. (Captura de Facebook)

Se recomendó a los conductores a transitar con precaución y utilizar rutas alternas como las carretera PR-177 y PR-199.

“El tapón es el doble del que se ve todas las mañanas”, expresó León.

A eso de las 10:30 a.m. el grupo se moverá frente al edificio World Plaza, Hato Rey, donde están las oficinas de la Junta de Control Fiscal, donde llevarán a cabo una conferencia de prensa con relación a los 10 años del nombramiento de los integrantes de ese organismo.

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF), es una entidad independiente creada por el Congreso de los Estados Unidos bajo la Ley Promesa de 2016 para restaurar la responsabilidad fiscal y el crecimiento económico en la isla.

Jornada Se Acabaron Las Promesas es un colectivo social, que desde su inicio ha denunciado que la imposición de la junta funciona como una estructura dictatorial que afecta las finanzas públicas, que ha deteriorado en áreas esenciales como la salud, la educación, la seguridad pública, la vivienda y los servicios de agua y electricidad, y que presuntamente han actuado en detrimento de los derechos de los pensionados, trabajadores y recursos naturales.