En una moción de 28 páginas, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced pretendió “clarificar” o dejar expuesto al récord público la razón por la que aceptó alcanzar un acuerdo de culpabilidad por un delito menos grave por violación a leyes electorales en medio del extenso caso de corrupción pública que ha enfrentado desde agosto de 2022.

Entre otras cosas, el documento revela que en marzo pasado la Fiscalía federal obtuvo nueva evidencia a favor de Vázquez Garced que presuntamente hacían que la acusación imputada, de conspirar para obtener un beneficio económico durante las primarias que enfrentó contra el exgobernador Pedro Pierluisi en el 2020, “colapsara” o que “no fuera viable”. Pero, que supuestamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se negó a desestimar el caso.

“A partir de ese momento, después de que altos funcionarios del Departamento de Justicia reconocieran que la acusación ya no era sostenible, las partes iniciaron negociaciones para un acuerdo de culpabilidad por primera vez. Las negociaciones duraron varias semanas hasta que se llegó a un acuerdo el 17 de junio de 2025”, se explicó.

Pero, antes de exponer cómo se llegó a tal acuerdo, los abogados de la exgobernadora, Ignacio Fernández, Luis Plaza, Edgar Sánchez y Peter Jonh Porrata, dieron rienda a una extensa explicación sobre los presuntos fallos cometidos por la Fiscalía federal en este sonado caso.

De inmediato, aludieron a que la cobertura mediática dañó la buena reputación de la exgobernadora. Le achacaron responsabilidad a la jueza federal Silvia Carreño Coll y a la Fiscalía federal por motivar una cobertura dañina en su contra y la de su familia.

Además, se reconoció por primera vez que Vázquez Garced despidió al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly. Pero, alegó que la decisión se tomó por el grave ausentismo que este presentaba en sus funciones.

La acusación contra Vázquez Garced alude el banquero Julio Herrera Velutini y su asesor, un exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y remplazar a Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Los fallos

Pero, en la moción informativa que presentaron los abogados para “clarificar” la razón por la que se alcanzó el acuerdo de culpabilidad se aludió a que ninguna de esta trama ocurrió, que la Fiscalía federal no presentó una frecuencia de hechos correcta, así como que la exgobernadora y Herrera Velutini sólo se reunieron en tres ocasiones. Una de ellas fue una boda y la interacción la tipificaron como de “naturaleza inocente”.

Dijeron que la conclusión del caso fue un daño hacia su clienta y la familia.

“Los tres años bajo acusación han tenido un impacto personal devastador en la gobernadora Vázquez (Garced) y su familia, que va mucho más allá de cualquier procedimiento legal. La falsa narrativa de corrupción personal creada por la conferencia de prensa del gobierno expuso a la gobernadora Vázquez al ridículo público, al ostracismo profesional y a amenazas personales. Se rompieron relaciones comerciales que se habían cultivado durante décadas de servicio público. Se perdieron oportunidades profesionales, ya que clientes y socios potenciales se distanciaron del estigma de la supuesta corrupción. Lo más doloroso fue que las acusaciones expusieron a la familia de la gobernadora Vázquez (Garced), incluidas sus hijas, a acoso y amenazas en las redes sociales, obligándolas a soportar el escrutinio público y ataques personales basados en falsas caracterizaciones de enriquecimiento personal que el propio gobierno ahora admite que nunca ocurrieron”, se manifiesta en la moción.

Motivo para clarificar

Los abogados aludieron a que la clarificación fue presentada a raíz de unas expresiones realizada por la jueza federal en un escrito que sometió el pasado 8 de julio, en medio de peticiones para conocer detalles del acuerdo de culpabilidad.

Carreño Coll usó el documento a modo de desahogo para exponer su sentir sobre este acuerdo tras tres años en litigio de un caso por corrupción que se suponía iba a juicio este próximo 25 de agosto.

“Si bien los acusados ​​están ahora imputados ​​de un delito menos grave, este sigue siendo un delito que atenta contra la integridad de nuestro proceso electoral democrático. El delito imputado representa un ataque a un principio fundamental de nuestra sociedad democrática: elecciones libres y justas”, indicó la jueza en uno de sus comentarios.

Los abogados expresaron que la orden de la jueza lo que hizo fue desvirtuar la presunta “buena fe” con la que el gobierno federal y los abogados de los acusados llegaron a un acuerdo de culpabilidad.

“La orden del Tribunal del 8 de julio de 2025 ha transformado lo que debería celebrarse como un ejemplo del buen funcionamiento de la justicia en un relato injustificado de favoritismo político. Al inferir que el acuerdo de culpabilidad fue resultado de ‘directrices presumiblemente emitidas por la sede central del Departamento de Justicia’, el Tribunal oscureció inadvertidamente una verdad simple: esta resolución surgió de que la defensa hizo su trabajo y de que los fiscales hicieron exactamente lo que esperamos de ellos: reevaluar su caso al verse confrontados con pruebas convincentes y exculpatorias’”, aseguraron los abogados.

Para sostener sus alegatos, la moción da un relato de las discrepancias que se encontraron durante los años en investigación del caso. Entre las explicaciones resaltan que Vázquez Garced despidió a Joyner Kelly por un “grave ausentismo”, que tal renuncia se dio dos días antes de que la Fiscalía federal aludiera a que ocurrió la reunión clave para cuadrar la conspiración que incluía sacar al funcionario del cargo, que los testigos rechazaron que en esa reunión clave se hablara de un acuerdo para conspirar, así como que el sustituto, Rodríguez Bonilla, no fue seleccionado por la exgobernadora, sino por su jefe de personal, Antonio Pabón, por su relación con el FBI y que este nunca dijo, ni siquiera en las vistas de confirmación en el Senado, que trabajó para Bancredito.

Se destacó, además, que la Fiscalía federal nunca encontró ninguna comunicación electrónica que estipulara que existiera una conspiración, la cual incluía los cambios en OCIF.

También se aludió a que la campaña de Vázquez Garced nunca recibió la encuesta que presuntamente pagó Herrera Velutini, pues uno de los principales testigos del caso, John Blakeman, presuntamente la entregó a la campaña de Pierluisi.

Otro dato que se destacó fue que, tras los tres encuentros entre Herrera Velutini y Vázquez Garced, el banquero terminó respaldando a Pierluisi en la contienda.

Finalmente, se informó que la auditoría de OCIF contra Bancredito se realizó y que por ello el banco tuvo que cerrar en la Isla.

El acuerdo

Los abogados también aprovecharon para revelar parte del acuerdo de culpabilidad, el cual todavía no ha sido publicado por la Fiscalía federal.

Este acuerdo cambia los delitos de soborno, conspiración y fraude electrónico que en un principio se le radicaron a la exgobernadora por un delito menos grave al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés).

Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

“El acuerdo de culpabilidad estipula que ‘el valor de la contribución prometida fue superior a $15,000, pero no excedió los $25,000’, muy lejos de los $300,000 de beneficio insinuados en la conferencia de prensa (cuando se dio a conocer la radicación de cargos contra Vázquez Garced). Lo más significativo es que el acuerdo de culpabilidad confirma que se trataba de contribuciones ‘prometidas’, que en realidad nunca se recibieron”, expone la moción.

Para cerrar la exposición de sus argumentos, los abogados destacaron que “esto no es un simple tirón de orejas’; representa tres años de sufrimiento injustificado, basado en una acusación que se derrumbó cuando fue sometida a un escrutinio adecuado.La gobernadora Vázquez aclara respetuosamente el expediente para reflejar la verdad: el acuerdo de culpabilidad fue resultado de la evaluación profesional del gobierno ante nuevas pruebas convincentes y exculpatorias descubiertas mediante la investigación de la defensa y presentadas durante negociaciones de buena fe, y no de ninguna directriz proveniente de la sede central del Departamento de Justicia”.

Vázquez Garced está citada para el próximo 27 de agosto para que acepte su culpabilidad en el delito menos grave por violación a leyes electorales.