La exgobernadora Wanda Vázquez Garced pasará las navidades en familia y sin conocer si tendrá que pisar la cárcel por haberse declarado culpable de haber cometido un delito electoral de carácter menos grave.

La jueza federal Silvia Carreño Coll acogió la solicitud de cambios de fecha realizada por los abogados de la exprimera ejecutiva, Ignacio Fernández de Lahongrais, Luis Plaza, Edgar Sánchez y Peter Jonh Porrata. Fijó la nueva fecha de sentencia para el 8 de enero a las 10:30 a.m. Antes estaba programada para este próximo 4 de diciembre.

Ese 8 de enero también serán sentenciados los coacusados en el sonado caso federal, el banquero Julio Herrera Velutini, así como su asesor, el exagente federal Mark Rossini.

En su determinación a una moción presentada por la defensa de Vázquez Garced, la jueza concedió hasta el 2 de diciembre como la fecha en la que se tienen que presentar las objeciones al informe presentencia que se presentó contra esta. La fecha límite para cumplir con este requisito era el 17 de noviembre.

Esta es la tercera extensión de tiempo que solicitan los abogados de Vázquez Garced, quienes están inconformes con que la Fiscalía federal haya reclamado un año de prisión contra Vázquez Garced.

Entre otras cosas, los problemas se deben a que en el informe presentencia se establece que, pese a que se declaró culpable, la exprimera ejecutiva no acepta la responsabilidad de sus hechos.

Además, la Fiscalía federal ha insistido en relacionar el caso a uno de corrupción, mientras la gobernadora había alegado de que determinó declararse culpable porque le iban a eliminar tales alegaciones.

La petición de tiempo adicional que se hizo ayer, martes, y que logró que se cambiara la fecha de la vista de la sentencia del 4 de diciembre al 8 de enero se debe a que los abogados están en conversaciones para llegar a un acuerdo sobre el lenguaje que debe ser incluido en el informe presentencia.

Vázquez Garced se declaró culpable en agosto pasado de un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.