La fiscalía federal y las defensas de Wanda Vázquez Garced, Julio M. Herrera Velutini y Mark R. Rossini solicitaron al Tribunal Federal buscan resolver el caso sin llegar a juicio, según una moción presentada este viernes.

Por ende, pidieron que se lleve a cabo vía videoconferencia (VTC, en inglés) el 9 de junio, tras sostener una reunión “productiva” hoy en Washington D.C. con “miembros del equipo de la fiscalía y altos funcionarios” del Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como con los abogados de dos de los acusados, no especificados.

“Las partes tienen la intención de continuar estas conversaciones hoy y la próxima semana para intentar resolver el caso y evitar la necesidad de un juicio”, lee el documento.

En la reunión del 9 de junio, pretenden informarle al Tribunal su postura y “discutir los plazos pendientes”. De llegar a una resolución antes de la fecha sugerida, lo informarán al Tribunal de inmediato, prometieron.

“Las partes sostienen ante la Corte que están actuando de buena fe con miras a resolver el asunto antes de llegar a juicio y a conservar importantes recursos judiciales y privados”, reitera la moción.

La defensa de los acusados ya había solicitado el pasado lunes una prórroga de 30 días al inicio del juicio, precisamente con la meta de evitar la celebración del litigio. A raíz de la reunión de hoy, presentaron la moción para formalizar ese propósito.

Además, la fiscalía federal presentó una segunda moción hoy en la que le solicitó al Tribunal más tiempo para analizar mociones presentadas por Herrera Velutini sobre acceso a información clasificada, bajo la Ley de Procedimientos para Información Clasificada (CIPA, en inglés).

La prórroga se extendería hasta el 18 de junio.

“Estados Unidos ha consultado con el abogado del Sr. Herrera, quien no tiene objeciones a la prórroga solicitada”, dicta el documento.

Según la moción, Herrera Velutini presentó notificación en el expediente público con relación con las mociones de información clasificada.

“Debido a la logística relacionada con los archivos clasificados, el abogado que suscribe no pudo consultar las mociones hasta el 28 de mayo de 2025. En consecuencia, Estados Unidos solicita hasta el 18 de junio de 2025 para presentar una Respuesta Ómnibus a las presentaciones del Sr. Herrera”, lee la moción.

La acusación

El caso se remonta a la campaña política de Vázquez Garced, en el 2020, cuando buscaba un segundo término como primera ejecutiva. Presuntamente, Herrera Velutini y Rossini le prometieron apoyo financiero para su campaña a cambio de que ella utilizara su influencia política para reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly.

En aquel entonces, la OCIF investigaba Bancrédito, propiedad del banquero ítalo venezolano Herrera Velutini. A consecuencia, en febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, alegadamente, bajo presiones.

Luego, la exgobernadora nombró como su remplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, expresidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales y no han sido sentenciados.

En agosto de 2022, Vázquez Garced se declaró no culpable de conspirar y aceptar sobornos para financiar su campaña primarista en el 2020. Enfrenta tres cargos por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico.

De no llegar a un acuerdo y ser encontrada culpable por defraudar al gobierno, se le podría imponer una multa de $250,000 y tres años de libertad supervisada. Mientras, por soborno con fondos federales podría enfrentar hasta 10 años de cárcel y tres años de libertad supervisada, así como $250,000 de multa. Por fraude electrónico, podría recibir una multa de $250,000 y tres años de libertad supervisada.