Uno de los abogados de defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, Luis Plaza Mariota, solicitó este martes un “juicio rápido” en el caso por corrupción que pesa en su contra a nivel federal.

Según afirmó el letrado durante una vista de status de los procedimientos, celebrada ante el juez federal Raúl M. Arias Marxuach, la voluminosa prueba con la que cuenta la Fiscalía federal en este caso no vincula o está relacionada a la exmandataria.

Detalló que han recibido miles de documentos de la prueba levantada por el Ministerio Público y que forma parte de unos 24 audios y 61 gigabytes de evidencia.

“No tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con otra persona”, sentenció.

De inmediato, subrayó que “nuestro interés es mover el caso Wanda Vázquez rápido”.

“Tenemos nuestro propio caso”, aseveró ante el juez.

Pese a la petición, el juez no señaló la fecha en que se iría a juicio.

De hecho, no tuvo comentarios ante la expresión de la abogada Lilly Ann Sánchez, que representa a uno de los coacusado en este caso, Julio Martín Herrera Velutini y quien es dueño de Bancrédito Interantional Bank & Trust Corporation, en torno a que se separen los procesos judiciales.

Arias Marxuach se limitó a estipular que una próxima vista de status se realizaría el 6 de junio próximo.

Vázquez Garced fue acusada junto Herrera Velutini; Frances Díaz, presidenta del mencionado banco; el exagente del Negociado Federal de Investigaciones, Mark Rossini, quien colaboraba con Herrera Veluntini, así como su exasesor político, John Blakeman. La alegación principal es que el grupo estuvo involucrado en un supuesto esquema de soborno durante la campaña primarista de Vázquez Garced en el Partido Nuevo Progresista (PNP) entre finales del 2019 y mediados del 2020.

Díaz y Blakeman ya hicieron alegación de culpabilidad y colaboran con las autoridades federales.

Las partes en este caso judicial no se reunían desde mediados de noviembre pasado.

En los pasados meses, los trabajos se limitaron al descubrimiento de prueba, según trascendió durante la vista judicial celebrada a través de teleconferencia y que duró unos 20 minutos.

Algunos problemas en la entrega de evidencia fueron revelados por los abogados, incluyendo que no todos los documentos estaban completos o que había información clasificada por su importancia en torno a la seguridad nacional.

La exposición más extensa durante la vista estuvo a cargo de Plaza Mariota, abogado de Vázquez Garced.

En esencia, el letrado señaló que en las próximas semanas comenzarán a solicitar prueba específica que vincule a su cliente en el presunto esquema de soborno. Dijo que espera que la Fiscalía federal, representada por el fiscal Ryan R. Crosswell, acceda a sus pedidos con buena fe.

“Después que hagamos al gobierno esas peticiones de prueba en específica, nosotros nos moveremos para el juicio, su honorable juez”, alertó el abogado.

Dijo que comprende el que la Fiscalía federal tenga inconvenientes en la entrega de la prueba por tratarse de un caso complejo y voluminoso. No obstante, aludió a que, al analizar dicha prueba, entendieron que “no tiene nada que ver con nosotros”.

“Sé que es un caso voluminoso. Pero, ya nosotros sabemos cuál es el caso del gobierno contra Wanda Vázquez y ya nosotros sabemos cuál va a ser la defensa para defender a Wanda Vázquez”, argumentó, sin dar más detalles sobre el particular.

La abogada de Herrera Velutini, sin embargo, expuso que los documentos y la evidencia contra su cliente son más complicados. Entre otras cosas, dijo que contra su cliente pesan más cargos, entre estos dos conspiraciones para defraudar al gobierno federal.

“Entonces, tal vez tiene que haber algún tipo de separación, que se discuta en este punto dividir el juicio”, reclamó, al admitir que los casos parecen que no va por el mismo camino.

Cabe destacar que el fiscal Crosswell y el abogado que defiende a Rossini, Michael Brian Nadler, no hicieron comentarios relacionados al proceso de juicio.

La acusación

Según la acusación federal, Herrera Velutini y Rossini presuntamente prometieron proveer apoyo financiero a la campaña de la exmandataria con el fin de que ella, con su influencia política, destituyera y reemplazara al comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, pues Bancrédito era objeto de una examinación de parte de esa oficina. En cambio, buscaron reemplazarlo con Víctor Rodríguez Bonilla, quien fue recomendado por el banquero.

Para el 28 de febrero de 2020, Joyner presentó su carta de renuncia. Su salida del cargo se concretó el 6 de marzo de 2020. Trascendió en aquel entonces que supuestamente había sido forzado a dimitir.

Tras la baja, Rodríguez Bonilla fue nombrado por la exgobernadora como comisionado de la OCIF para marzo de 2020.

Como parte de la transacción, supuestamente Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, dice la acusación federal.

Para montar el esquema, se alega que Herrera Velutini y Rossini se comunicaban “en secreto” y mediante intermediarios, identificados como Díaz y Blakeman.

“Herrera, Rossini, Vázquez y sus coconsipradores se comunicaron en secreto entre sí directamente y a través de intermediarios a través de mensajes de texto, correo electrónico y aplicaciones de mensajería basadas en Internet, y durante reuniones internas, para discutir aspectos del acuerdo de pago de sobornos a Vázquez”, lee la acusación.

Por estos alegados hechos, Vázquez Garced, quien llegó a la gobernación en agosto del 2019 luego de la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló, está acusada de cargos por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico.

En la actualidad, se encuentra libre bajo fianza, tras su arresto el 4 de agosto de 2022.

Cabe destacar, que ayer sus abogados solicitaron permiso para que la exmandataria pueda salir de viaje. La moción no presenta detalles sobre la fecha ni el lugar al que acudiría.

Por su parte, el banquero Herrera Velutini se entregó ante el tribunal federal el 31 de agosto de 2022 y se encuentra libre tras prestar una fianza de $1 millón. Está acusado de seis cargos, dos de conspiración para cometer delitos contra el gobierno, dos de soborno involucrando programas federales, y dos de fraude electrónico.

Mientras, Rossini, el exagente del FBI, se entregó a las autoridades el 9 de agosto y también se encuentra libre bajo fianza.

El imputado, quien ofrecía asesoría a Herrera Velutini, enfrenta cargos de conspiración, soborno a programas federales y fraude de servicios honestos.

Si los acusados son encontrados culpables, podrían enfrentar una pena máxima en prisión de 20 años.