Medio millar de personas acudieron ayer a terrenos cercanos al controvertido Paseo Caribe para presenciar los trabajos del llamado Tribunal del Pueblo que recogió los testimonios de una decena de peritos en ambientalismo, historia y arqueología, quienes insistieron sin ambagues que el proyecto era ilegal y que representa un peligro para la conservación del fortín San Jerónimo.

El tribunal -integrado por ocho miembros que actuaban como magistrados y quienes estaban encabezados por el profesor de Derecho Constitucional Antonio Fernós- escuchó la evidencia que presentó el ex presidente del Colegio de Abogados Harry Anduze, quien fungió como “procurador del pueblo” para defender el patrimonio ante lo que se describió como la inacción de las tres ramas gubernamentales.

La declaración preliminar emitida por el organismo tras casi cuatro horas de testimonios y ponencias cita la sección de la Constitución que dispone que “será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad”.

Una declaración final más elaborada será emitida en los próximos días, señalaron miembros del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, organizador de la actividad.

Durante las ponencias, manifestantes cargaban pancartas que expresaban en términos gráficos el desencanto y el escepticismo que se ha generalizado con el desempeño de agencias reguladoras como la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), la Junta de Planificación, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

Arturo Madero, desarrollador de Paseo Caribe, estaba invitado para presentar su postura pero declinó acudir porque, según expuso telefónicamente a PRIMERA HORA, “no creí que fuera conveniente ir a un tribunal que no tiene legalidad y que había prejuzgado toda la situación”.

Madero decidió no presentarse físicamente a una rueda de prensa que tenía pautada en el restaurante El Zipperle en Hato Rey por temor a “amenazas” de parte de activistas ambientalistas, indicó Lynette Teissonniere, de la agencia de publicidad Comstat Rowland que trabaja para combatir la percepción que se ha ido generalizando poco a poco contra Paseo Caribe por la forma en que se obtuvieron los permisos y la manera en que incide sobre asuntos como el acceso al fortín San Jerónimo, la falta de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el tráfico que provocará en una de las dos entradas al Viejo San Juan.

Félix Aponte, planificador y ex subsecretario del DRNA, detalló en lenguaje sencillo algunos de los aspectos más técnicos de la controversia, señalando por ejemplo que “una parte sustancial de esos terrenos donde se ha construido Paseo Caribe le pertenecen al pueblo de Puerto Rico porque eran y son de dominio público. Simplemente, según la reglamentación vigente y el estado de derecho, no están disponibles para los usos propuestos residenciales, comerciales, turísticos y otros tantos”.

Aponte subrayó, además, que para un proyecto de la naturaleza de Paseo Caribe era requisito una DIA para que se discutieran todos los asuntos a fondo con la ciudadanía, un trámite que no se hizo en este caso.

Además de Fernós, los integrantes del Tribunal del Pueblo son: Josefina Pantojas, Pedro Saadé, Martha Quiñones, Carlos Guilbe, Dinorah La Luz y Marian González.