¿Son equitativos los servicios y procesos de rehabilitación entre la población de hombres y mujeres en confinamiento en Puerto Rico?

La balanza se inclina a una respuesta en negativa, según una investigación titulada “Historia y vivencia de las mujeres confinadas en Puerto Rico: construyendo su rehabilitación” y presentada como proyecto de tesis de trabajo social en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

La recopilación de datos del trabajo -realizado por Érica Colón, Alondra Guzmán, Caribel Leyva e Irmarie Morales- se efectuó en diciembre de 2016 utilizando como base las experiencias de reclusas y de cuatro empleados (trabajadora social, sicóloga, técnica sociopenal y el director del programa psicosocial) de la institución correccional de Bayamón. El informe final fue presentado en 2017 y el secretario de Corrección, Erik Rolón, obtuvo copia del mismo.

La dinámica del ejercicio investigativo incluyó un cuestionario con preguntas claves al 20% de la población de confinadas y unas entrevistas focales con el 5% de la matrícula.

Antes de comenzar su análisis, las investigadoras se preguntaron: ¿qué significado social conlleva ser una mujer que comete algún tipo de delito?, ¿cuáles son las características que se le atribuyen a estas mujeres? y ¿cómo perciben las mujeres su rehabilitación?

Previo a indagar en los aspectos que afectan a las reclusas, las investigadoras quisieron conocer las historias de vida que tuvieron las encuestadas antes de su confinamiento.

En las características sociales de las mujeres llamó la atención la vivencia de experiencias violentas durante la niñez, la influencia de redes de apoyo (familiares y amigos) y conductas de riesgo, entre otros factores. También se puso en relieve el factor económico, destacando que muchas mujeres tenían diversos trabajos dentro de la economía formal e informal, ya fueran legales o ilegales.

En este sentido, la investigación concluyó que las reclusas sintieron falta de redes de refuerzo en su núcleo cercano y también se sintieron desprovistas de apoyo de los servicios sociales del gobierno, principalmente en su niñez. Se concretó que llegan de familias disfuncionales donde abundan los problemas de adicción, salud mental y maltrato.

“No tenía apoyo de mi mamá ni de mi papá, porque los dos son drogadictos. Traté de no ser esa misma persona, no lleve el mismo ciclo, pero estoy aquí por… seguir malos pasos”, destacó una de las confinadas.

Los hallazgos revelaron que la gran mayoría de las mujeres sufrieron violencia y nunca lo hablaron por temor. “[…] no estoy exagerando si te digo que de un  90% a un 95% de las confinadas ha sido, ha pasado por el proceso, por la tragedia de violación… hay muchas mujeres abandonadas, muchas mujeres que han sido maltratadas, violadas, que se han guardado eso por años. He tenido varios casos que sus familias ni lo saben”, narró una trabajadora social de la institución penal.

La narrativa de la segunda parte del estudio de tesis enfocó la discusión en la dinámica que experimentan las reclusas una vez son sentenciadas a cárcel y cuáles son los esfuerzos de rehabilitación que reciben por parte del DCR.

Resaltó el difícil acceso a los servicios sociales y profesionales que las féminas reciben en comparación con la dinámica establecida en la antigua Escuela Industrial para Mujeres de Vega Alta, estructura que fue clausurada en 2016 con el supuesto fin de mejorar las condiciones de vidas de las confinadas.

Denuncian servicios de salud

Pero, al parecer, la historia es otra pues, según los hallazgos del estudio, el 58% indica que los servicios que recibe no responden a sus necesidades, mientras un 41% alega que no logra su rehabilitación.

Por ejemplo, una de las confinadas expresó que luego de la mudanza, sus citas con la psicóloga se cancelan frecuentemente, provocando recaídas y situaciones emocionales que la ponen en conducta de riesgo.

En cuanto a la necesidad de servicios médicos, se hizo hincapié en que el área clínica de la institución cierra a las 5:00 p.m. y luego de esa hora tienen que activar el protocolo para llevarlas al Centro Médico Correccional, lo que retrasa la atención inmediata en casos de emergencia.

Se mencionó que en una ocasión, una de las mujeres tuvo que esperar cinco horas para que la atendieran tras enfrentar un ataque de asma. Fue una de sus compañeras de celda quien le proveyó una “pompa” de terapia. De lo contrario, pudo haber ocurrido una tragedia.

Otra confinada expuso lo siguiente: “Yo tuve un suceso hace como cuatro días, un ataque epiléptico… y todavía estoy esperando que me vengan a buscar”.

“Trato indiferente”

La falta de comunicación parece ser detonante en muchas de las situaciones experimentadas por las reclusas. Se sienten en el limbo e, incluso, denunciaron “trato indiferente” por parte de los oficiales y otro personal de jerarquía correccional.

Los datos evidencian que sobre el 60% identifican que el personal administrativo (superintendente, directores de unidad, supervisores de unidad) y los oficiales de custodia no las tratan con respeto.

Durante el proceso investigativo, también destacó la importancia de la educación como herramienta de beneficio para el proceso de rehabilitación y denunciaron discrimen por razón de género, en comparación con los servicios que se les ofrecen a los hombres en confinamiento.

Como ejemplo, mencionaron que servicios que no funcionaron al ofrecerlos a los hombres, no fueron transferidos a prueba para que las mujeres lo intentaran, como fue el caso de un curso de computadoras. La oportunidad de cursar estudios universitarios fue algo que se comenzó con los hombres y no fue hasta tiempo después que se incorporó a las féminas.

“Surge una disparidad en la cantidad de servicios comparado con la de los hombres… la política pública organizada del Departamento de Corrección está construido a base de la población de hombres y no diferenciada a las necesidades particulares de cada género. De hecho, no tienen la misma flexibilidad en los servicios y eso, en parte, es lo que crea resistencia a participar de actividades que no desean”, destacó Leyva.

Expresó que las confinadas mostraron interés de que se amplíe la gama de ofertas de talleres educativos desde una perspectiva de equidad de género. Por ejemplo, mencionaron la ebanistería como un curso que no debe ser exclusivo para varones. Enumeraron también como posibilidades de interés los cursos de mecánica y hasta un taller de tatuajes que hay en una de las instituciones masculinas.

“Ellos tienen talleres de sembrar piña, agricultura, todo…”, reclamó una confinada al criticar que a ellas siempre se les encaje con los cursos de costura, cosmetología y repostería, entre otros dirigidos culturalmente a la mujer.

Una técnica sociopenal  y el director del área sicosocial fueron confrontados con este escenario y admitieron las denuncias de las reclusas al tiempo que ofrecieron alternativas como extender las alternativas vocacionales (pintura, artesanía) e incorporar talleres que desarrollen capacidades productivas para un futuro laboral.

“Una de ellas se cuestionó, incluso, que los varones tienen acceso a servicios y acomodos que ellas no tenían, como lo son televisor en las celdas o juegos de playstation”, dijo por su parte Irmarie Morales.

Otra  denuncia de alegado discrimen lo es la ausencia de visita de políticos a las cárceles.

“Ellos no vienen a hablar con las mujeres. Ellos van a hablar con los varones… los secretarios de Corrección, ellos sí vienen a escuchar a la mujer. Pero, mira, yo no quiero que tú me traigas maquillaje y shampoo. Chico, yo quiero que tú me ayudes cuando la Junta (de Libertad Bajo Palabra) me vea... dame un tallercito que de verdad, cuando yo salga, pueda reingresarme (a la sociedad)”, dijo una de las confinadas.

Según Morales, un factor que pudiera ir en contra de las reclusas es que no están organizadas comunitariamente como lo hacen los hombres. “Una de ellas lo describía diciendo que hay mucho cacique y poco taíno. A ellas les urge esa organización, como la tienen, por ejemplo ‘Los Ñetas’, que exigen sus derechos y logran que se les cumplan. Pero es algo que no se percibe en la población de mujeres, ni en las instituciones juveniles”, destacó.

Como parte de la dinámica, las investigadoras incluyeron un cuestionario dirigido a que las confinadas dieran recomendaciones al DCR, basadas en su experiencia.

Entre las sugerencias incluyeron: mejores servicios (psicológicos, área médica, terapias); mejores tratos (de parte de sociales y oficiales); más actividades y talleres (cursos vocacionales, estudios narcóticos anónimos, actividades para integrar a la comunidad); cambios en la administración (oficinas de las sociales, empleados comprometidos con las confinadas y sus necesidades); y herramientas para ajuste institucional (comunicación y respeto).

Las investigadoras expresaron que estudiaron la rehabilitación de las confinadas como un derecho que tiene cualquier persona que ha ido contra la ley y basado en lo que expone la Constitución de Puerto Rico, en la sección 19 del Artículo VI.

Entonces, ¿deja de ser un derecho si los recursos no estuvieran disponibles? , cuestionan dejando la respuesta sobre el tintero para el Secretario del DCR.

Mientras, las investigadoras hicieron unas recomendaciones para mejorar los servicios de la población carcelaria femenina y las mismas fueron presentadas al Titular de la agencia durante los pasados meses.

“Esa reunión fue en junio pasado y nos sorprendió que el secretario estuvo bien receptivo y atento a los hallazgos y a escuchar las sugerencias que aportamos”, dijo Leyva.

Entre las sugerencias se destaca desarrollar en el área de salud mental modelos de intervención socioterapéuticos, haciendo énfasis en que  los modelos se fomenten desde el inicio del encarcelamiento. También favorecen reestructurar el reglamento del DCR para incorporar la perspectiva de género a los asuntos que impacten a las reclusas y promover procesos de visitas considerando las necesidades de las mujeres (incluyendo a las que son madres) para que el acceso al afecto físico y emocional sea más humano.

Las estudiantes de trabajo social proponen también que se realice un proyecto de ley donde se haga política pública que reconozca las necesidades de la población confinada en Puerto Rico. Esto, explicaron, conllevaría una revisión de la Ley Orgánica del DCR, a fin de que se atiendan las necesidades surgidas por género y no unificando a la población confinada bajo un mismo pensamiento y acción.

En este sentido presentaron al secretario de Corrección un proyecto enfocado en la reinserción social de las confinadas que están próximas a cumplir sentencia. El plan ha sido discutido con el titular en varias instancias.

“La última vez que hablamos con él fue hace mes y medio… pero todavía no lo habían podido evaluar”, especificó Morales.

Mientras, los representantes Víctor Parés Otero y Pedro Julio “Pellé” Santiago se han comprometido públicamente con atender las denuncias.

A solicitud de Primera Hora, el Secretario del DCR, se expresó favorablemente a evaluar el estudio de las trabajadoras sociales y de cualquier otro análisis que se genere sobre la población correccional.

“Agradecemos a las estudiantes de la UPR que realizaron tan importante estudio y su disponibilidad de presentarlo al Departamento de Corrección y Rehabilitación. En el DCR estamos muy atentos a cualquier estudio que ayude a mejorar la reinserción social de los miembros de la población correccional. Este estudio, al igual que otros similares, son evaluados para identificar posibilidades de ser implementados en algún momento en la agencia y de descubrir que las condiciones de implementación son favorables, se integran a los programas de rehabilitación”, expresó por escrito Rolón.