El Tribunal del Pueblo determinó hoy que el proyecto Paseo Caribe está construido sobre bienes de dominio público, por lo que las transacciones relacionadas con esos terrenos son ilegales y el proyecto debe detenerse inmediatamente.

Antonio Fernós, presidente y portavoz del Tribunal del Pueblo, dijo que uno de los hallazgos del Tribunal fue que los notarios que otorgaron escrituras sobre las transacciones del terreno y los registradores que las ingresaron al Registro de la Propiedad "fueron negligentes... porque surgía de la misma documentación que se trataba de terrenos cuyo dueño es el pueblo".

"Determinó también el Tribunal que hubo negligencia y falta de autoridad de la Junta de Planificación (JP) al autorizar segregaciones de terreno de dominio público", añade Fernós.

Ante la "irregularidad e ilegalidad de los trámites gubernamentales", el Tribunal requirió la inmediata intervención del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la JP y el secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, para que detengan "de inmediato" el proyecto, inicien las investigaciones necesarias y tomen las acciones legales que correspondan.

También requirieron del secretario del DRNA, Javier Vélez Arocho, que lleve a cabo un deslinde de los terrenos.

En un comunicado divulgado hoy, el Tribunal del Pueblo informó que, tras dos semanas de deliberaciones, están en posición de hacer unas determinaciones preliminares, basadas en la evidencia que examinaron, en los testimonios periciales que escucharon y en el análisis histórico, legislativo y judicial que hicieron.

"El Tribunal del Pueblo determinó que el acceso público al Fuerte San Jerónimo del Boquerón no es lo más importante en la controversia alrededor del desarrollo Paseo Caribe", dijo Fernós.

Precisó que los asuntos verdaderamente importantes son "la titularidad, la legalidad de los permisos recibidos por el desarrollador, el daño ambiental, el ultraje del patrimonio cultural y arqueológico... y la violación al derecho del Pueblo a confiar en que las agencias públicas que deben velar por su bienestar no traicionen la misma".

El Tribunal del Pueblo se constituyó el pasado 5 de agosto en medio de una fuerte controversia entre ambientalistas y Arturo Madero, desarrollador del proyecto Paseo Caribe, que ubica a la entrada de la isleta de San Juan.

La controversia llevó a cuatro personas a treparse en las grúas de construcción, lo que desembocó en confrontaciones entre los manifestantes y la Policía.

El Tribunal del Pueblo sesionó al pie del proyecto el domingo 5 de agosto, y el lunes emitió su "Laudo Preliminar sobre la investigación, evaluación y adjudicación".

Fernós aclaró que, aunque el Tribunal continúa trabajando, consideraron importante "hacer un pronunciamiento interlocutorio para evitar que se conviertan en académicas (las) decisiones finales".

"Esto porque la construcción del proyecto continúa, y funcionarios del gabinete del Gobernador y éste mismo han hecho preocupantes pronunciamientos sobre la legalidad de los permisos y la permanencia de la obra", añade el parte de prensa.

"El Tribunal... continuará trabajando incansablemente para descargar la responsabilidad que le fue encomendada y que mantendrá informado al pueblo sobre sus hallazgos", dijo Fernós.

Además de Fernós, componen el Tribunal del Pueblo la abogada Josefina Pantojas, el abogado ambientalista Pedro Saadé, la profesora de economía Martha Quiñones y el profesor de geografía Carlos Guilbe.

El panel lo completan Dinorah La Luz, presidenta del capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Juristas; el licenciado William Ramírez Hernández, presidente del capítulo local de la Unión Americana de Libertades Civiles, y Marian González, líder comunitaria y ex presidenta del Consejo Asesor Ambiental de la ex gobernadora Sila M. Calderón.

El abogado Harry Anduze actuó como procurador en el proceso.