En 1969 comenzaron a llegar las primeras familias; cuatro décadas después, la última -de unas 676- le dio la espalda al enorme complejo residencial.

Eran seis miembros de la familia Cruz Pagán los que residían hasta el pasado lunes en la torre 301, apartamento 1206.

Ahora sólo quedan recuerdos de lo que fueron Las Gladiolas. Ya nadie vive allí.

“La última familia que quedaba en el complejo se estaba mudando (el lunes). Ya todos los vecinos fueron realojados” a casas alquiladas o residenciales, confirmó Mirta Colón Pellecier, portavoz de la Asociación de Residentes Las Gladiolas Vive.

Se cierra así un capítulo en la historia de una comunidad que desde 2002 se enfrascó en una lucha en contra del desalojo que, argumentaba, era ilegal. Además del sufrimiento que experimentaba por la falta de mantenimiento y la violación a sus derechos humanos.

“Fuimos una comunidad atropellada y, hasta los últimos días, los vecinos sufrieron intervenciones policiacas de manera abusiva”, expuso la líder comunitaria, quien desalojó su apartamento en el mes de abril.

El 28 de julio pasado el Primer Circuito de Apelaciones de Boston emitió una sentencia desfavorable para los residentes de Las Gladiolas, que acudieron al foro judicial para apelar la desestimación de la demanda que presentaron en el Tribunal Federal por falta de participación en el proceso de realojo para implosionar el residencial. En octubre, la sentencia fue final.

un capítulo cerrado

Según Colón Pellecier, la falta de almas en los pasillos del residencial es sólo el fin de un capítulo en la vida de Las Gladiolas. “Esto no se acaba. Se está cerrando un capítulo de nuestra vida para iniciar otro y garantizar los compromisos que se hicieron”, indicó.

Mencionó que el contrato de arrendamiento en el mercado privado indica que el realojo es temporal “hasta que se den las condiciones para volver”, y que una carta de no desplazamientos indica que cuando el proyecto de nueva vivienda pública esté listo, los miembros de la comunidad podrán regresar.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Miguel Hernández Vivoni, expresó que la sentencia confirma que el proceso de implosión -cuya propuesta deben adjudicar en febrero tras el proceso de subasta- se realizó conforme a regulaciones federales, por lo que procedía el desalojo.

“Me place muchísimo que podamos finalizar este largo trabajo que se ha hecho por años, obviamente, en acuerdo y colaboración con las personas que sienten su pertenencia como comunidad”, expuso el Secretario.

Explicó que el número de unidades de vivienda pública bajará a unas 200 o 250, y las personas que están en el mercado privado son las primeras que tendrían la oportunidad de regresar, seguidas por las reubicadas en residenciales públicos.

¿Los dos ganaron?

Eso es correcto (pero), no tiene que ganar el Gobierno, sino las personas (...). No es cuestión de ganar, sino asegurarnos de que ellos puedan estar seguras.