La acusación federal en contra del gobernador Aníbal Acevedo Vilá y 12 allegados al Partido Popular Democrático (PPD) es un "crudo" ejemplo del grado de subordinación política en el que está sumido Puerto Rico respecto al gobierno estadounidense.

Por ello, tres representantes del ala autonomista del PPD coincidieron hoy en que las acusaciones federales obligarán al liderato de la colectividad a redefinir de una vez el Estado Libre Asociado (ELA) y dirigirlo definitivamente hacia una opción con plena soberanía política.

"Esta coyuntura devela con crudeza la subordinación política de Puerto Rico y abre la puerta a atender el estatus a favor de la soberanía... Es inevitable para el liderato popular moverse en esa dirección (hacia la soberanía)", opinó el representante Charlie Hernández en entrevista con Prensa Asociada.

En iguales términos se expresaron por separado los representantes Jorge Colberg Toro y Luis Vega Ramos, quienes afirmaron que el ELA tiene que ser desarrollado de manera que se limiten los poderes del gobierno estadounidense en la Isla, incluyendo la presencia o las facultades del Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico.

Vega Ramos planteó que el tribunal federal debe desaparecer para convertirse en un foro mixto, compuesto por funcionarios del gobierno puertorriqueño y del estadounidense, que atienda asuntos específicos que se definirían según las nuevas relaciones políticas de la Isla y Estados Unidos.

"Creo que el partido, el liderato y el pueblo popular vamos a derivar importantes lecciones sobre la necesidad de establecer claros límites sobre el poder de las autoridades federales en Puerto Rico", subrayó.

Para Vega Ramos, el momento para reclamar un ELA soberano es ahora, pero reconoció que en los últimos años el PPD se ha movido gradualmente en esa dirección.

Por su pare, Colberg Toro indicó que las acusaciones federales en contra del primer ejecutivo del país tienen que llevar al partido a una reflexión profunda sobre su ideología política y, eventualmente, el liderato popular debe comenzar un diálogo con las autoridades federales en la Isla encaminado a discutir el asunto del estatus.

Colberg Toro advirtió que esa discusión con los representantes del gobierno federal no puede darse con el apasionamiento que al presente ha provocado la radicación de cargos federales en contra de Acevedo Vilá.

Esto, según el legislador, podría llevar al PPD a tomar decisiones equivocadas.

"Espero que cuando el partido se siente, sin apasionamientos, y hayan superado este momento difícil, se siente a discutir este asuntos que es impostergable para el Partido Popular", sostuvo Colberg Toro.

Estimó que ese proceso de diálogo con el gobierno federal debería comenzar "en los próximos meses" o al iniciar el próximo cuatrienio.

El Gobernador enfrenta 19 acusaciones federales por presuntos donativos ilegales a su campaña política. Además del mandatario, fueron acusadas otras 12 personas relacionadas con el PPD. En total, todos enfrentan 27 cargos.

Acevedo Vilá se declaró no culpable de las acusaciones en la corte federal.