Además de sus beneficios recreacionales y de salud, correr bicicleta representa un importante motor para la economía local, pero ese potencial no se explota, expuso este martes Stephanie I. Anderson Morales, portavoz de la Red Urbana de Educación y Acción Ciclista (Rueda).

Las declaraciones de Anderson se produjeron durante una vista pública legislativa para evaluar cuán viable es incentivar ese medio de transporte en Puerto Rico.

“La Junta de Planificación calcula que el puertorriqueño gasta entre carro, gasolina, piezas y mantenimiento más de $7,000 anuales”, sostuvo Anderson ante la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público.

En contraste, una bicicleta urbana adecuada ronda los $250 y se mantiene con más o menos esa suma al año, indicó, por su parte, el empresario Carlos

Crespo Massa, al dirigirse al mismo organismo cameral presidido por el representante Jesús Santa.

La comisión considera la Resolución de la Cámara 793, que ordena un estudio sobre la viabilidad de crear “alternativas noveles” que promuevan el uso de la bicicleta como medio de transporte para ir a trabajar y si es posible implantar incentivos y horario flexible para los servidores públicos que lleguen a sus talleres en este vehículo.

Según plantearon por separado Anderson y Crespo Massa ese potencial de ahorro individual por uso de la bicicleta no es el beneficio mayor para la economía.

“Por cada $1 millón en infraestructura de bicicletas se generan 11.4 empleos, frente a 7.8 empleos en el caso de infraestructura para autos”, destacó Anderson, armada con varios estudios de lo que llamó la “bicieconomía” en urbes que han implantado programas para que sea más cómodo y seguro desplazarse en bicicleta al trabajo.

Un ejemplo concreto y reciente es Manhattan. Un informe de 2012 del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York documentó que “la instalación de un carril protegido de una milla de largo en la Novena Avenida llevó a un aumento de cerca de 49% en las ventas de los detallistas ubicados a lo largo de la vía”.

“Cuando vas en bicicleta es más fácil que una tienda que no hayas visto te llame la atención y te detengas”, explicó.

“Prácticamente lo que gastamos en combustible, fuera de la ganancia del minorista, sale de Puerto Rico”, argumentó, por su parte, el representante Santa.

“En muchos contextos deberíamos ver el uso de otros transportes no sólo por la salud, sino por la parte económica”, manifestó.

“Quizás no podemos hacer automóviles (en Puerto Rico), pero podríamos hacer bicicletas”, agregó el legislador.

De hecho, aquí ya se ha diseñado de forma colaborativa una marca de bicicletas urbanas que se fabrican en Asia y se vende en la Isla y en ciudades de Estados Unidos.

Además, en tiempos recientes es notable la proliferación de tiendas y talleres de bicicletas. Un ejemplo vivo de esa tendencia de apertura al uso de la bicicleta es el propio Crespo Massa, quien tras retirarse del servicio público se apresta a inaugurar su segundo negocio de ciclismo en Cayey. El empresario abrió su primera tienda hace cinco años, en Caguas. 

Cuánto costaría

En un contexto de crisis en las arcas públicas y con nueve ciclistas muertos en lo que va de año, la pregunta obligada durante la vista pública fue cuánto costaría propiciar que más trabajadores se desplacen en bicicleta.

Ante esa inquietud, la invitación de Crespo Massa al gobierno fue no complicarse, ni esperar a tener millones de dólares para construir nueva infraestructura sino aprovechar lo existente y probar opciones mediantes programas piloto.

 “Legislar la dedicación de carriles para el uso de bicicletas no requiere construir, porque los carriles ya existen”, dijo. “Mientras más fácil lo hagamos, mucho mejor, y con lo que tengamos”, agregó Crespo Massa, otrora auditor de la Oficina del Contralor.

 Esta perspectiva no minimiza la realidad, con la que coincidió el resto de los deponentes, de que en Puerto Rico es necesario un cambio en la cultura vial, para que los conductores reconozcan a los ciclistas su derecho en ley a circular por las vías urbanas y rurales sin poner en riesgo sus vidas.

El representante Manuel Natal, uno de los coautores de la medida, explicó que la resolución bajo examen es parte de un paquete de iniciativas legislativas que incluyen un componente educativo, que procura, entre otros objetivos, que cada conductor en potencia se eduque sobre los derechos de los ciclistas. Además, se busca reconocer ese vehículo como transporte alternativo, agregó el legislador. 

(SUBTÍTULO) Acción antes que incentivos 

En cuanto a la posibilidad de legislar incentivos económicos para que más personas eludan el tapón diario montando su bicicleta, Crespo Massa opinó que el ahorro es suficiente aliciente.

“Si una persona puede comprar un vehículo para moverse a su trabajo, debe poder comprar una bicicleta de $250”, coincidió Santa.

Crespo Massa opinó que no hay necesidad inmediata de legislar cambios a las jornadas laborales.

“En otros países no se ve que se flexibilice el horario, lo que se hace es facilitar el aseo personal con ducha y casilleros”, expuso. 

Anderson, por su parte, invitó al gobierno a arrancar con “pasos bastante simples”, pero de impacto positivo. 

Destacó que en los edificios públicos en un solo espacio para carro se pueden acomodar unas 10 bicicletas.

 Sugirió simplificar la integración de “la bici” con el Tren Urbano, eliminando el requisito de tener el pase del Bicitren porque, a su juicio, es un trámite burocrático que muchos trabajadores no pueden darse el lujo de completar debido a limitaciones de tiempo.

 En su lugar, recomendó establecer reglas claras para el uso de la bicicleta en este medio masivo de transporte. 

“En el Acuaexpreso no tienen política clara sobre el uso de la bici. Queda a discreción del empleado que esté allí”, señaló.

 Anderson también pidió que la Autoridad Metropolitana de Autobuses vuelva a adaptar sus guaguas para cargar bicicletas en una parrilla de fácil acceso.

“Trabajar en conjunto con legislaturas municipales, universidades y centros de trabajo no debe ser un asunto de qué preocuparnos, sino de ocuparnos”, concluyó Crespo Massa.

Cifras

$7,000 al año: costo de usar y mantener un automóvil, según la Junta de Planificación

28.5: días que pasa al año el boricua promedio dentro de un vehículo de motor

$250: promedio de inversión para comprar una bicicleta urbana adecuada

49%: aumento de ventas para negocios a lo largo de ciclovía en Nueva York

Por cada $1 millón en infraestructura para bicis, se generan 11.4 empleos