Abogan por uso de circuito cerrado

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 18 años.
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Conocer la complejidad de la violencia sexual es imprescindible para aumentar el uso del circuito cerrado en los casos de delitos contra menores.
El secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, anunció el miércoles la adquisición de un sistema portátil de circuito cerrado que se suma a otro que la agencia distribuye entre nueve de las 13 regiones judiciales. La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) había informado a este diario que las regiones con un sistema permanente son San Juan, Bayamón, Carolina y Ponce.
Entre 2005 y 2006 el uso de este sistema se redujo en un 71%, según cifras de la OAT. En 2006 se usó en 21 casos de delitos contra menores en las 13 regiones judiciales. Este sistema permite que un menor de 18 años ofrezca su testimonio sin tener que enfrentar al supuesto agresor en la sala. No se violenta el derecho del acusado a ser confrontado por su acusador.
María Rebecca Ward, directora del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV), indicó que las estadísticas de la Policía revelan que en 2004 hubo 2,135 querellas por delitos sexuales y que en el año fiscal 2004-05 el Departamento de Justicia registra unas 600 acusaciones nuevas a nivel de juicio por estos delitos. Se calcula que la mayoría es por delitos sexuales cometidos contra menores.
“Los números hablan. Bajo cualquier parámetro usarlo en 21 casos en un año es bien bajo”, opinó.
Yanira Carmona, directora del Centro Integrado para Niños y Niñas en Carolina, explicó que los niños abusados sexualmente tienden a presentar secuelas y que el circuito cerrado puede evitar que se retracten.
“El circuito cerrado no se está usando lo suficiente. Hay mucha falta de conocimiento sobre la dinámica de abuso sexual, sobre todo en los casos intrafamiliares que se dan en un ambiente de secretividad, donde hay amenazas y coacción. Por esto los menores no quieren enfrentar a sus agresores. El circuito contribuye a minimizar la revictimización”, explicó.
Carmona indicó que aunque el juez finalmente decide si se utilizará el sistema luego de celebrar una vista de necesidad, cualquier persona que haya estado en contacto con el menor, incluso la misma víctima, puede solicitarlo.
“No debe ser necesario una vista de necesidad, sino que se debe aplicar a todos los niños que han sido abusados sexualmente”, dijo.
La trabajadora social Magdalena Cruz, del Proyecto Pasos del Recinto de Ciencias Médicas, aseguró que usar el circuito cerrado incluso puede evitar recaídas y que se exacerben síntomas a causa de la agresión sexual.

