La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico rechazó este domingo el despliegue masivo de agentes de ICE, que en forma amenazante y con armas largas continúan ocupando las calles de comunidades donde es conocido que residen personas inmigrantes en diversos municipios de la isla.

“Las acciones observadas desde el jueves y durante el fin de semana se suman al patrón de violencia sistemática y acecho contra nuestras comunidades inmigrantes y apunta a un aumento en estas intervenciones”, afirmó en declaraciones escritas la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, licenciada Annette Martínez Orabona.

La licenciada aclaró que las personas tienen derecho a grabar, documentar y protestar las intervenciones y operativos del ICE porque es un derecho protegido por la Primera Enmienda de la Constitución.

Estas grabaciones -continuó- constituyen una herramienta de fiscalización del poder gubernamental federal y estatal, y nadie debe sentir miedo o intimidación al ejercer ese derecho.

“Como hemos denunciado antes, el ICE implementa una política claramente discriminatoria contra estas comunidades, realizando arrestos sin orden judicial, separando familias y entorpeciendo procesos migratorios en curso”, denunció Martínez Orabona.

La directora ejecutiva de la ACLU hizo hincapié en que “este atropello” no es solamente responsabilidad de las autoridades federales, sino también de la gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo.

Al respecto, criticó que ellos “facilitaron el trabajo sucio del ICE” al entregar de manera voluntaria las direcciones residenciales e información confidencial de más de 6,000 personas inmigrantes en Puerto Rico.