Siete organizaciones ambientales y sociales del país se unieron la semana pasada para presentar ante el Tribunal de Primera Instancia una solicitud de recurso de mandamus para exigir el cumplimiento de la disposición legal que obliga al Negociado de Energía (NE) a identificar los terrenos “aptos” para el desarrollo de proyectos de energía solar.

La demanda plantea que el NE tiene el deber de hacer valer la Reserva Especial Agrícola y el Plan de Uso de Terrenos, y que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) debe asistir con las conclusiones que requiere la ley para identificar los lugares aptos donde integrar la energía renovable.

“La intervención del Tribunal es esencial para evitar que las organizaciones demandantes se queden sin un foro que atienda los méritos del reclamo y el incumplimiento de las agencias demandadas con sus deberes en ley”, indicó por escrito el licenciado Omar Saadé Yordán. El abogado recordó que en una sentencia anterior sobre este caso, el Tribunal determinó que debía acudirse al NE mediante querella, lo cual se cumplió, pero “el Negociado se ha negado a atender el procedimiento, sin explicación ni decisión alguna”.

Las organizaciones demandantes reiteraron que no se oponen a la energía renovable; al contrario, han respaldado los proyectos de energía solar en techos con almacenamiento y las microrredes que fortalecen la resiliencia de la red eléctrica. Así lo destacó la licenciada Ruth Santiago, quien señaló: “La energía solar en techos permite esa tan necesaria transición a fuentes sostenibles sin poner en peligro nuestra soberanía alimentaria. Hoy en día, el 85% de lo que consumimos en Puerto Rico es importado, y el país tiene una de las tasas de inseguridad alimentaria más altas en Estados Unidos. Por ello no debemos poner en riesgo el escaso suelo agrícola que nos queda, y es imperativo respetar y hacer valer la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico”.

Las organizaciones también denunciaron que el NE continúa evaluando proyectos industriales de energía sin identificar primero los lugares aptos, tales como sistemas de relleno sanitario no operacionales o terrenos previamente contaminados, según dispone la Ley de Política Pública Energética. En cambio, aseguran que la mayoría de esos proyectos industriales se proponen en Suelos Rústicos Especialmente Protegidos Agrícolas y en la Reserva Especial Agrícola, lo cual resulta incompatible y perjudicial al interés público porque amenaza la seguridad alimentaria del país.

Por todo lo anterior, las organizaciones solicitaron al Tribunal de San Juan que ordene al DDEC identificar los terrenos aptos para viabilizar la integración de energía renovable a la red eléctrica y someter sus conclusiones al NE, excluyendo expresamente aquellos clasificados como Suelos Rústicos Especialmente Protegidos – Agrícolas (SREP-A).

“Queda claro que las decisiones sobre proyectos industriales de energía que dañan terrenos de alto valor agrícola y perjudican además a comunidades cercanas están en manos de una entidad que se rehúsa a asumir jurisdicción para analizar sus impactos. Este asunto es urgente: el Negociado continúa aprobando estos proyectos sin identificar los lugares aptos, sin aplicar el Plan de Uso de Terrenos y sin tomar en cuenta la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico”, explicó el licenciado Gabriel Meléndez, de la organización El Puente, Puerto Rico.

Las organizaciones que presentaron el recurso son la Liga de Ciudades PR Inc., la Organización Boricuá de Agricultura Eco Orgánica Inc., el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, Inc., El Puente de Williamsburg, Inc., el Comité Diálogo Ambiental, Inc., el Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida y Mujeres de Isla, Inc. Desde el año 2020, este grupo ha insistido en que las agencias públicas deben proveer toda la información relacionada con los proyectos industriales de producción de energía solar, de modo que se protejan los terrenos clasificados como Suelos Rústicos Especialmente Protegidos Agrícolas y la Reserva Especial Agrícola.