mayagüez Aún sin abogado.

Uno de los imputados de 1,624 cargos por un fraude que alcanza los $12.5 millones no ha conseguido representación legal, por lo que la juez Carmen Teresa Lugo Irizarry pospuso nuevamente el inicio de la vista preliminar.

Los dos acusados son Gustavo Rivera Vázquez y Fernando Soto Rivera. Y es este último el que no cualifica para que el tribunal le asigne un abogado de oficio o para que la Sociedad de Asistencia Legal (SAL) lo represente porque, según la juez, no demostró que era indigente, ya que tiene propiedades en Puerto Rico y en Estados Unidos.

Éste es un contable de 51 años, vecino de Mayagüez.

Lugo Irizarry indicó que si para el próximo 30 de julio, fecha para la cual pautó el inicio de la vista preliminar, Soto Rivera no tiene un abogado, iniciará el proceso contra Rivera Vázquez, un contable y líder religioso de 58 años y vecino de Quebradillas, quien es representado por los abogados Ludwig Ortiz y Antonio Arraiza.

De esto ocurrir así, los 406 testigos de cargo tendrían que declarar en ambos procesos, por separado.

El juez administrador de la Región Judicial de Mayagüez, Héctor Jaime Conty Pérez, relevó a la jueza Lugo Irizarry de los trabajos en su sala, para que atienda la vista preliminar. Se estima que el fiscal Marc F. Thyz de la Unidad de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, necesitará alrededor de 36 días para presentar a los perjudicados que fueron timados en el fraude piramidal.

El primer testigo de cargo del Ministerio Público será el ex teniente de la policía Darío Nazario Padró, que dirigió la Unidad de Delitos Contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez y quien fue timado en $30 mil.

También entre los perjudicados figuran el ex teniente de la Policía Neri Toro Pérez y el primera base de los Indios de Mayagüez en la pelota profesional Ferdinand Boi Rodríguez.

Los hechos que se les imputan a Rivera Vázquez y a Soto Rivera ocurrieron entre los años 2004 y 2005, cuando los ahora perjudicados le entregaron sumas de dinero que fluctuaban entre los $2 mil a $250 mil a cambio de que en 90 días duplicaran lo invertido.

Ambos se encuentran sumariados desde mediados de mayo pasado, cuando se les acusó de forma individual de 1,624 casos con fianzas individuales de unos $16 milones. En el caso de Rivera Vázquez, la jueza Aixa Rosado Pietri le rebajó la misma a cerca de $5 millones, pero no ha podido prestar la misma.