Adelantado el proceso de revisión de tarifas por servicio de agua potable
Destacaron que Puerto Rico tiene un servicio de agua potable cuyas tarifas son "de las más bajas en el mundo".

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 12 años.
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En menos de tres meses, la Junta de Directores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tiene previsto comenzar a deliberar qué nueva estructura tarifaria se podría poner en vigor a corto plazo.
Así lo informó este martes Edgardo J. Fábregas, presidente de la junta directiva de la AAA, quien destacó que Puerto Rico tiene un servicio de agua potable cuyas tarifas son "de las más bajas en el mundo".
Fábregas no descartó que el ajuste recomendado pueda ser de un 100%, lo que para un abonado con un pago mensual de $20 representaría un incremento aproximado de $40.
Una fase crucial del proceso de revisión tarifaria se completó el 19 de abril pasado, cuando se llevó a cabo la última de cinco audiencias públicas encabezadas por el oficial examinador Esteban Mujica Cotto, quien consultó sobre el tema a entidades o ciudadanos interesados en cinco regiones de la Isla.
Según se desprende de un documento de 30 páginas entregado por Fábregas a la Comisión de Corporaciones Públicas y Alianzas Público Privadas del Senado, Mujica Cotto recibiría comentarios escritos en torno a las tarifas del agua hasta el 9 de mayo, para entonces comenzar la evaluación que debe culminar con un informe a la Junta de Directores de la AAA.
El término para someter el informe sobre la revisión tarifaria al organismo presidido por Fábregas vence el 8 de julio, por lo que en o antes de esa fecha el documento debería divulgarse al público, de acuerdo al proceso adoptado por la AAA, amparado en la Ley Uniforme para la Revisión y Modificación de Tarifas, también conocida como la Ley 21 del 31 de mayo de 1985.
Una vez el informe sea publicado, los ciudadanos tienen un término de diez días para emitir comentarios a la Junta de Directores, que una vez se cumpla el plazo para recoger reacciones de abonados, iniciaría el proceso deliberativo "para determinar la estructura tarifaria final a aprobar", dijo Fábregas.
Al testificar en la audiencia legislativa presidida por el senador Ángel Rodríguez Otero, el presidente de la junta directiva de la AAA presentó estadísticas en las que sustentan que "las proyecciones financieras demuestran que la Autoridad no podrá mantener su autosuficiencia".
"La Autoridad proyecta déficits operacionales, sin fondos identificados para cubrir los mismos, a partir del año fiscal 2014", recalcó Fábregas, quien recordó que en diciembre pasado, la AAA "recibió una degradación de en sus bonos de parte de Moody's Investor Service, como resultado del impacto de la degradación que esta agencia calificadora efectuó del gobierno central".
Ante esta acción de Moody's, Fábregas explicó a la comisión senatorial que "la habilidad para retornar al mercado de bonos para financiar el Programa de Mejoras Capitales" queda perjudicada y, a pesar de la intención de mantener gastos controlados, no se descarta un eventual aumento tarifario.
"Se estima que para el año fiscal 2018, la suma de los gastos operacionales relacionados al cumplimiento ambiental y el servicio de deuda causado por el financiamiento de proyectos requeridos por los acuerdos de cumplimiento ambiental se elevará a más de $240 millones al año", sostuvo.
"Para efectos de nuestro análisis y para computar la nueva estructura tarifaria propuesta, hemos utilizado como base el total de gastos (operacional + servicio de la deuda) para los años fiscales 2014 al 2017", dijo Fábregas.
En la ponencia explicó que "se propone una revision a la estructura tarifaria que permita ingresar los recursos equivalentes a la totalidad de las obligaciones de la Autoridad proyectadas para el periodo que comienza en el año fiscal 2014, y termina en el año fiscal 2017. Además, la estructura tarifaria propuesta ha sido diseñada para generar 30 días de reserva operacional".
"En total, la estructura tarifaria propuesta generará unos $485 millones de ingresos adicionales para cubir las obligaciones, los ajustes por subsidios y la reserva operacional de 30 días", agregó Fábregas.
El senador Rodríguez Otero, por su parte, dijo a este medio que no favorece ningún aumento tarifario el servicio de agua, por lo que entiende que urge considerar otras opciones para proteger a los consumidores.
"Yo me opongo a todo aumento de tarifa tanto de energía como de agua y estoy sumamente preocupado", señaló Rodríguez Otero, quien no obstante, señaló que el ajuste tarifario quedaría a discreción de la Junta de la AAA en su momento.
Al respecto, agregó que Fabregas explicó a la comisión que el informe del oficial examinador puede recomendar el alza de 100%, pero la Junta puede acogerlo, rechazarlo o modificarlo, teniendo en cuenta ahorros u otras consideraciones, de aquí a que se complete el análisis.
Mencionó que la AAA no ha descartado un proyecto para que se traspasen centrales hidroeléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica a la jurisdicción de la AAA.
A partir de lo expresado por Fábregas, el senador popular entiende que una propuesta rehabilitación de esas instalaciones podría redundar en una reducción de gastos en la corporación y, por ende, en futuros beneficios para los abonados.
En la vista pública, el senador Larry Seilhamer, de la minoría novoprogresista, preguntó a Fábregas si hay proyecciones de alguna alianza público privada para la AAA, pero el funcionario respondió en la negativa.