Ya se cumplieron dos meses del terremoto de magnitud 6.4 que destruyó miles de propiedades en pueblos del suroeste y todavía los alumnos yaucanos no han comenzado el semestre escolar.

Tampoco hay una respuesta clara de cuándo el Gobierno Central desembolsará los fondos para que los municipios afectados puedan completar la asignación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que, en el caso de Yauco, se utilizaría en la demolición de unas 260 viviendas que quedaron destrozadas por los sismos.

Ante la laxitud en la respuesta del Estado, el alcalde Ángel Luis Torres Ortiz, exigió mayor agilidad para atender las necesidades de sus compueblanos que, incluso, no tienen dónde hacer sus gestiones gubernamentales ni un tribunal, pues estas estructuras también sufrieron daños.

Al resumir el estado de emergencia en que se encuentra el pueblo, Torres Ortiz, expuso las áreas que requieren más atención para lograr que su gente pueda volver a la normalidad lo antes posible.

“Al día de hoy, hemos inspeccionado 3,426 residencias, de las cuales 770 tienen algún tipo de restricción y 655 unidades que fueron declaradas inseguras por nuestro Cuerpo de Ingeniería de Yauco. También tenemos 47 familias viviendo en campamentos satélites, daños por más de $23 millones en instalaciones municipales y sobre $30 millones en pérdidas en infraestructura estatal”, detalló el alcalde de Yauco.

“Ya se cerró el campamento base del estadio municipal, pero nos quedan tres comunidades donde tienen campamentos familiares, entre estos la comunidad Ciénega y la Joya en el barrio Barinas, el sector Nueva Vida en Palomas, y las urbanizaciones Alturas del Cafetal, El Cafetal 2 y Veredas de Yauco. Precisamente este viernes tenemos una reunión con la geóloga de Recursos Naturales donde trabajaremos con la declaración de estos sectores comunidades”, agregó.

Aunque hay más de 600 familias cuyas casas fueron declaradas inhabitables, solo 21 de estas o el 1% recibió el tope en la ayuda de FEMA que es de $35,000. Pero la inversión para demoler estas estructuras sobrepasa los $39,000.

“De casi 657 familias que sus casas fueron declaradas inseguras, 60 colapsaron y 200 necesitan ser demolidas y de esos casos, solo el 1% han recibido el máximo que otorga FEMA que son $35,000, y el costo por unidad para la demolición asciende a $39,000, lo que supone una erogación de fondos de unos $10.1 millones”, manifestó.

“Hasta el momento, FEMA va a estar asignando el 75% de los fondos de las demoliciones. Lo que necesitamos ahora es que el Gobierno, tal y como se comprometió, nos deje saber cuál es su aportación, que debe ser el 25% del costo total que FEMA no cubre”, apuntó.

A esos efectos, el alcalde yaucano cursó una misiva a la gobernadora solicitando la asignación de $1,950,000 que completaría el dinero que requieren para las demoliciones, ya que FEMA daría un máximo de $5,000,000 al municipio.

“Es humanamente imposible para cada familia de Yauco con todos los problemas complejos que están afrontando de sus batallas con las aseguradoras y los bancos, si tuvieran que invertir $39,000 en una demolición sería algo altamente oneroso”, sostuvo.

“Como municipio, nuestra situación fiscal en este momento no nos permite tener ese 25%, según los totales que tenemos y por eso es este reclamo, es que se puedan otorgar. Nos urge porque ya van dos meses y muchas personas tienen el dinero listo para construir y también representa un peligro de seguridad para sus vecinos y los que transitan, y esto es una preocupación para Yauco y toda la región”, añadió.

De otra parte, Torres Ortiz, reiteró su reclamo al Departamento de Educación para lograr el reinicio del semestre académico en 15 escuelas de Yauco que tienen un total de 4,000 estudiantes.

“En Yauco solo tenemos tres escuelas listas para iniciar las clases y hay mucha necesidad de que se avance con este proceso. Ya la Junta de Supervisión Fiscal hizo disponibles los fondos para el alquiler e instalación de carpas, baños y muebles escolares, y aquí estamos, para asistir al Departamento de Educación en lo que necesiten”, agregó.

Para agilizar el inicio de clases, el ayuntamiento ha realizado alianzas con instituciones privadas tales como la Fundación Ricky Martin, Red de Derechos de la Niñez, Frito Lay, Coca Cola y la aseguradora Molina Healthcare.

Esta última donó 12 carpas y los equipos necesarios para ser utilizados en la escuela elemental Doris Martínez, ubicada en el sector Los Cruceros del barrio Almácigo Alto, a donde estudian unos 104 niños.

“Las doce carpas tamaño 10’ por 20’ funcionarán como seis salones hogares y un salón de kínder y estarán ubicadas en el estacionamiento de la propia escuela. Tenemos un firme compromiso con los municipios del sur afectados por los terremotos y continuamos a su lado, dándoles la mano”, dijo por su parte Carlos Carrero, presidente de Molina Healthcare de Puerto Rico.

Por último, Torres Ortiz, apostó al reinicio de los cursos en algunos planteles antes de que culmine esta semana.