La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, catalogó como otro golpe a los municipios, la amnistía en el pago de contribuciones sobre la propiedad que propone la resolución conjunta del Senado 4073 radicada por el presidente de ese cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz.

La medida libraría del pago de intereses y penalidades a quienes deben impuesto al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).

Para la aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), la gobernadora Wanda Vázquez no debe darle paso al proyecto, pues implicaría una baja en las remezas que reciben los municipios y cuyos fondos se utilizan para dar servicios esenciales de los ayuntamientos.

“Mi posición aquí siempre había sido que no puede haber amnistía hasta tanto el dinero que deje de devengar los municipios no estén seguros, eso no parece haber ocurrido, así que es otro golpe más a los municipios”, dijo Cruz, quien es miembro de la Junta de Gobierno del CRIM.

Manifestó que ha sido consistente en su rechazo a una amnistía porque la Junta de Supervición Fiscal Fiscal intenta imponer una retasación de las propiedades.

“Yo estoy totalmente en contra y he sido consistente en eso. Una de las cosas que la Junta de Supervición Fiscal trata de imponer es que se retasen las propiedades. Una cosa es que nosotros tasemos las casas nuevas, pero otra cosa es que yo coja una propiedad de 1950 que quizás está excenta y de momento la ponga a pagar $4,000 porque ¿quién se va a afectar más?, nuestras personas de la terceda edad”, sostuvo.

“La soga en este país no puede siempre cortar por la clase media y por la gente pobre del país”, añadió.

Aseguró que el municipio de San Juan es uno de los 11 municipios que no recibe “un centavo del gobierno central”, pero que, sin embargo, alrededor de un 23 por ciento de los municipios, dependen de los ingresos que vienen del fonde de equiparación.

“El municipio de Comerío, casi el 40% de sus ingresos vienen del fondo de equiparación, así que nosotros no podemos seguir quitándoles a los alcaldes el dinero que tienen para dar servicios esenciales. Imponerle, como le ha impuesto el gobierno central mayor carga a los municipios, y, entonces, seguir a conveniencia para las gradas en año eleccionario, quitándole a los municipios la posibilidad de mantenerse abiertos, porque hay alrededor de 40 municipios que peligran”, puntualizó.

“Lo que se puede oler en el aire, como la Ley 7, es una sobretasa o es una retasación. Con mi voto no van a contar para ninguna de las dos”, sostuvo.

Por otro lado, la primera ejecutiva municipal, indicó que no está satisfecha con el proceso que se ha seguido para vender la deuda del CRIM, que actualmente asciende a unos $2,300 millones en deudas contributivas.

“Como Junta (del CRIM) hemos estado de acuerdo que primero hay que saber cuál es la deuda y cuánto de esa deuda es recobrable o no y cuánto podemos recuperar nosotros en el CRIM”, indicó.

Tampoco pudo precisar si le consta que la Junta de Supervisión Fiscal avala la pieza legislativa, pero entiende que “la Junta de Control Fiscal avala todo lo que sea exprimir el pueblo de Puerto Rico, reducir las pensiones, aumentar el costo de ir a la Universidad de Puerto Rico, reducir los campus que hay a través de Puerto Rico, reducir el dinero que hay para nuestros niños y niñas con diversidas functional… ellos todo lo que sea reducir para engordarle la barriga a los bonistas, ellos están bien satisfechos con eso”, sostuvo.

La pieza legislativa ordenaría la CRIM establecer un programa de incentivos para eximir a los deudores del pago de inetereses, recargos y penalidades relacionados con impuestos a la propiedad mueble e inmueble y los municipios tendrían la opción de acogerse al programa. De igual manera, debería establecer planes de pago a los deudores.

Casa de Cultura Ruth Hernández pasa a manos de Fideicomiso

Las expresiones de la alcaldesa se dieron luego de una conferencia de prensa en la que anunció la transferencia de titularidad de la Casa de Cultura Ruth Hernández Torres al Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, así como otras propiedades como un edificio en la Urbanización García Ubarri Calle Tavárez, esquina Tizol, otro en la calle Arzuaga, así como cinco solares también en la calle Tavárez.

Cruz Soto presentó hoy las ordenanzas que viabilizan el traspaso de propiedades que, a su juicio, “fomentan la actividad social y el desarrollo económico de Río Piedras y promueve la participación ciudadana”.

Como parte del traspaso, la casa cultural también funcionará como un centro de respuesta y recuperación en caso de emergencia, pues desde allí operará uno de los Centros de Transformación Ciudadana Comunitaria (CTCC) como ha sucedido en las comunidades de Playita, Las Curías, y Quebrada Arenas. Próximamente, Puerto Nuevo también contará con un CTCC, dijo la alcaldesa.

De igual manera, la ejecutiva municipal, indicó que como parte del proceso de transferencia de la Casa Cultural, autorizó el pago de las utilidades de agua y luz por un año hasta un tope de $24,000. No obstante, enfatizó que la propiedad no podrá ser hipotecada o vendida. Tampoco podrá tener otro uso que no sea el acordado, no así el traspaso de las demás propiedades que sí están abiertas a la venta.