La precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz Soto, le advirtió al Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) que no prestará los recursos de la Policía Municipal para cometer actos potencialmente delictivos, ante la solicitud hecha para que les dieran acceso remoto a las cámaras de vigilancia del Municipio de San Juan con motivo de las manifestaciones de pueblo que se llevan a cabo desde el sábado en La Fortaleza reclamando la renuncia de Ricardo Rosselló de la gobernación.

Según reveló, a las 8:11 a.m. de hoy, lunes, el comisionado de la Policía Municipal, José L. Caldero López, recibió un mensaje de texto del agente Izaac Rivera, adscrito a la División del Fusion Center en el que le solicitaba el acceso a las cámaras de seguridad para su monitoreo desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el cual fue denegado.

La alcaldesa de San Juan aclaró que la policía municipal está impedida de intervenir en manifestaciones ni con sus participantes ya que exclusivamente le compete a la policía estatal. 

“No expresó el propósito, pero yo expresé mi rotunda negación. Número uno, la policía municipal no interviene en manifestaciones ni con manifestantes; número dos, lo que se ha revelado en el chat (de Telegram) es que hay una utilización del poder del estado y diferentes componentes del estado para oprimir a opositores, para manchar la reputación de opositores políticos y para usar el aparato del estado incluyendo a la policía para cometer actos potencialmente delictivos”, puntualizó Cruz Soto.

“El Municipio de San Juan no se va a prestar, nunca lo ha hecho y no lo vamos a hacer, no se va a prestar para el carpeteo electrónico que es lo que evidentemente sucedió en algunos sectores de esos chats, así es que la Policía Estatal que haga su trabajo, que lo haga dentro de la ley, que ni siquiera piense que de alguna forma o manera el Municipio de San Juan va a colaborar”, aseveró Cruz Soto, en entrevista telefónica con Primera Hora.

Agregó que para ella es evidente que el Comisionado de la Policía, Henry Escalera Rivera, se presta para “componendas turbias que van contrarias a los procesos administrativos y potencialmente contrarios a la ley” y llamó la atención a la pesquisa que se conduce sobre la asignación de escoltas a Elías Sánchez cuando era director de campaña de Rosselló, mientras era candidato a la gobernación.

El Comisionado negó ayer, domingo, que hubiese recibido instrucciones del Gobernador o de algún miembro de su administración para perseguir a adversarios políticos u otros funcionarios como se desprende del contenido de algunas de las conversaciones del chat.

De otro lado, Cruz Soto anunció que mañana martes la Legislatura Municipal de San Juan se apresta a aprobar una Resolución condenando la “persecución, el abuso, la burla, el machismo, el sexismo y las amenazas de muerte…” con relación a las acciones del Gobernador, en la que se solicita a la legislatura estatal que comience un proceso de residenciamiento y se escuche el clamor del país. 

El jueves, hará disponible copia de la Resolución durante una reunión de la Asociación de Alcaldes en la que solicitará que se le unan aprobando la misma en sus asambleas municipales.

También les propondrá que, al igual que en San Juan, coloquen las banderas a media asta en señal de solidaridad con el pueblo en su reclamo por la salida de Rosselló de su posición.

En el Municipio de San Juan, también se aumentó la cantidad de personal de Manejo de Emergencias y se habilitó una sala de primeros auxilios en la Casa Alcaldía, tal y como se acostumbra a hacer cuando hay actividades en las que hay gran concentración de personas para atender a cualquier manifestante que sufra algún percance de salud o se vea afectado por el gas pimienta u otros agentes químicos.

Además, próximamente se colocarán letrinas sanitarias para mantener limpio al Viejo San Juan, anunció Cruz Soto.

Radicaría querella ante el FBI

Sobre la querella de amenaza de muerte que radicó en el NPPR contra Roselló y el exdirector ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, ya que en las conversaciones de Telegram éste último escribió “estoy salivando por caerle a tiros”, mientras que el Gobernado respondió “me hacen un gran favor…”, reveló que si durante esta semana no ve acción del negociado acudirá ante las autoridades federales para que atiendan su querella.

Narró que inicialmente el NPPR tuvo cierta resistencia para darle curso y número a la querella de amenaza y que al día de hoy no ha visto ningún adelanto en la pesquisa.  

A su vez, se cuestionó si Sobrino Vega tiene licencia de armas de fuego o si ya fue desarmado, lo que implicaría un riesgo adicional a su seguridad.