La Academia Perpetuo Socorro se encuentra hoy bajo amenaza de ser multada administrativamente por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) por incurrir en la práctica de anuncio engañoso.

Lersy Boria, ayudante especial del titular del DACO, anunció en audiencia pública de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas del Senado, que la acción en contra del colegio católico ubicado en Miramar se concretó luego que los padres de los estudiantes presentaran querellas en contra de la administración ante la supuesta desviación de dineros relacionados con el cobro la cuota de construcción.

Los padres de los alumnos sostienen una pugna pública con el Arzobispado de San Juan por la utilización de los dineros en otros asuntos no relacionados con la institución educativa católica.

“En vías de proteger (a) los consumidores, se persigue que estos se informen del uso de los fondos pagados por ellos y que se utilicen para el propósito que fueron cobrados”, expuso la funcionaria en representación del secretario del DACO, Luis Gerardo Rivera Marín, quien se inhibió porque sus hijas estudian en el Perpetuo Socorro.

La ayudante especial del secretario del DACO explicó que la multa contra la administración del colegio podría ascender a $10 mil por cada querella que los padres sometan.

Se dijo que si la pesquisa de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas del Senado encuentra causas suficientes para la multa, se establecería un precedente para que de igual forma se sancionen a las asociaciones educativas, entidades y colegio católicos que incumplan con los alcances y aplicaciones de la regla tres del nuevo reglamento del DACO.

La presidenta de la Comisión, Lornna Soto Villanueva, aseguró que visitará diversos planteles educativos del país ante las quejas que ha recibido de padres con hijos matriculados en instituciones privadas.

“Que quede claro... estamos hablando de un asunto en particular sobre el concepto de pago en la matrícula de este Colegio –Perpetuo Socorro-, y no sobre cuestiones religiosas”, declaró la senadora al discutir los alcances que persigue la Resolución del Senado 800.

Soto solicitó al DACO que investigue la administración del Perpetuo Socorro y considere si prohibir el cobro del “Building Fund” y que en su lugar se establezca una especie de derrama voluntaria entre padres.

La senadora leyó en la audiencia declaraciones públicas del arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves, en las que estableció que el sobrante acumulado de la Academia Perpetuo Socorro había sido utilizado para los empleados que fueron despidos en los colegios católicos y que el dinero pertenecía a la Arquidiócesis de San Juan, por ser un “ente jurídico”.

Esta aseveración, se dijo, convierte a la institución educativa en un comerciante incidental, por lo que violenta en Reglamento del DACO, según Boria.

El contador público Antonio Bauzá, en representación de la Asociación de Padres y Maestros del Perpetuo Socorro, destacó que la cuota de construcción que aportan las 970 familias es de $500 aproximadamente.

La institución educativa católica presuntamente no segrega “este fondo y además permite reducirlo por gastos operacionales”.

Bauzá reveló que la Academia no está obligada a radicar planilla en Hacienda y el Departamento de Estado y que no tiene usuarios identificados a los cuales deba divulgar la información, excepto al párroco.

La controversia de acuerdo a los padres surge cuando los fondos fueron transferidos de las cuentas individuales de la Academia a otras particulares.